La Audiencia Provincial de Murcia ha iniciado hoy el juicio contra siete personas -dos de ellas, directores de banca a los que se juzgará como inductores- por el secuestro de un promotor inmobiliario para que firmara certificados de obra que permitieran cobrar trabajos realizados por constructoras.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía señalan que los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2009, cuando cuatro de los acusados, tras conocer el lugar donde la víctima, administrador de la empresa Promufermu, aparcaba su vehículo, esperaron presuntamente su llegada. Esta empresa es la que había gestionado la construcción de sendos bloques de viviendas en Abarán y en la pedanía de San Ginés, de Murcia, que atravesaron por dificultades económicas que impidieron hacer frente a las deudas.

Siempre según el fiscal, una vez que el denunciante llegó al aparcamiento, los acusados lo metieron en el maletero de un coche con el que lo trasladaron hasta una nave de un polígono industrial de Ceutí. Allí le presionaron presuntamente para que firmara la documentación que les habría permitido que el banco que había concedido préstamos hipotecarios a la empresa del secuestrado abonara el importe de las certificaciones de obras pendientes.

Según la fiscalía, lo inmovilizaron, maniataron y le acercaron un soplete encendido a los glúteos para amenazarlo y, como no consiguieron su objetivo, lo trasladaron en el coche a un descampado a pocos kilómetros de Fortuna, donde lo liberaron seis horas después de secuestrarlo.

Luego, dos de los acusados se dirigieron a la oficina bancaria a través de la que se habían tramitado los préstamos y tras imitar supuestamente uno de ellos la firma del administrador, intentaron cobrar las certificaciones, lo que tampoco consiguieron, ya que el director territorial de la entidad se opuso a ello tras contactar con el liberado. En esa conversación, este le indicó que no debían hacer abono alguno hasta que se aclarara su detención ilegal.

A cinco de los acusados se les atribuyen los delitos de detención ilegal, extorsión en grado de tentativa y lesiones, y a dos de ellos además el de falsedad documental. Con ellos se sientan en el banquillo dos directivos de banca a los que se acusa como inductores de los delitos de extorsión en grado de tentativa y lesiones.