Lorca

Cruce de acusaciones entre los partidos en el pleno de Aguas de Lorca

La reunión se cerró sin apenas conclusiones, más allá del deseo común de mejorar la transparencia en la gestión

12.04.2016 | 04:00

El pleno extraordinario y monográfico sobre la gestión de la empresa mixta Aguas de Lorca ha sido un cruce de reproches y acusaciones entre los 4 partidos con representación en el consistorio, en el que no se han obtenido conclusiones más allá del deseo común de mejorar la transparencia en la gestión de la firma.

El pleno había sido solicitado en febrero por el PSOE y Ciudadanos (C's) y el concejal de este último partido, Antonio Meca, ha calificado la gestión de la empresa que realiza Hidrogea como «el mayor saqueo de la historia» de Lorca, de unos 70 millones de euros.

Meca ha reiterado en el pleno los argumentos que también puso en enero en conocimiento de la fiscalía anticorrupción y ha acusado a la parte privada de la empresa mixta de «inflar» contratos de suministros y servicios «entre un 300 y un 900 por ciento» y de concertarlos con empresas de su grupo matriz.

Meca ha aludido a la «falta de control» del Ayuntamiento sobre la empresa y a su indolencia ante su funcionamiento interno.

Por su parte, el PSOE ha defendido más transparencia en la gestión de la empresa y que se aclare toda sospecha sobre su funcionamiento «caiga quien caiga», ha dicho su portavoz, Diego José Mateos. El edil recordó que hasta 2007 fue su partido quien tuvo el control de la empresa y pidió que «si algo se hizo mal, que se diga y que se depuren las responsabilidades que haya que depurar».

El grupo municipal de IU-V ha defendido que fue la única formación que se opuso a la privatización de Aguas de Lorca en 2015 y a su concesión por 50 años al socio privado, algo que el concejal Pedro Sosa considera «una hipoteca».

Sosa defendía la urgencia de acometer un nuevo proceso de remunicipalización que «sería amortizado en unos cinco años».

Por último, el alcalde afirmó que él es «el más interesado en que se aclaren todas las dudas que hay» en torno a la empresa, al ser el presidente del consejo de administración, y expuso que durante su primer mandato en la alcaldía se dio cuenta de que el socio privado era el que nombraba al auditor, algo que revocó después. Desde entonces, al auditor lo nombra la parte pública y destacó que en el pleno se han cuestionado asuntos «contractuales» que con los mismos «vicios» se desarrollan desde hace 20 años. Y aseguró que el Ayuntamiento llevará sus discrepancias con la parte privada «al Consejo Jurídico consultivo de la Región y, en su caso, a los tribunales también».

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