La urbanización de lujo que la promotora Golden Sky pretendía construir en la pedanía cavaraqueña de Archivel estuvo desde el primer momento en el punto de mira. Los regantes de Caravaca rechazaron siempre el proyecto por las necesidades de agua que generaría; mientras que los grupos ecologistas denunciaban recalificación de terreno forestal y roturación ilegal de montes y barrancos. Pese a estas denuncias y al rechazo del Partido Socialista y de Izquierda Unida, la empresa y el ayuntamiento firmaron un convenio urbanístico en 2004 -que hizo incrementar considerablemente las arcas municipales-, se modificó el Plan General Municipal de Ordenación y se aprobó el plan parcial del proyecto para la construcción de ocho mil viviendas, dos campos de golf, instalaciones deportivas y servicios.

La crisis económica paralizó la construcción de esta urbanización de lujo que pretendía que la población de Archivel pasara de 2.000 a 20.000 habitantes, la mayoría de ellos extranjeros. Las denuncias de irregularidades en la tramitación de los permisos e informes públicos acabaron ayer con la Guardia Civil en siete puntos diferentes buscando documentación que demuestre tráfico de influencias y otro tipo de delitos que funcionarios y cargos políticos pudieran haber cometido.

Antes incluso de la puesta en marcha del proyecto, la finca El Roblecillo ya figuraba en los medios de comunicación porque las aguas subterráneas de los pozos que hay en su entorno estaban incluidos en un caso del mercado negro del agua; y la Mancomunidad de Canales del Taibilla denunciaba la sobrexplotación ilegal de los recursos. En este contexto, el anuncio de la macrourbanización hizo que la Agrupación de Comunidades de Regantes de Caravaca (Areca) se opusiera por la clara falta de agua en la zona y porque, argumentaban, el volumen de viviendas proyectadas supondría la necesidad de disponer de 2,5 millones m3 de agua al año.

Por su parte, la asociación para la defensa de la naturaleza de Caravaca, Carullama, luchó y denunció la recalificación de terrenos forestales por intereses urbanísticos y la falta de verdaderos informes de impacto ambiental.

Tras dos años de polémicas, el Ayuntamiento accedió en 2007 a reducir a dos mil viviendas la urbanización por la falta de recursos hídricos. Pero el proyecto quedó muerto, entre otras cosas por la crisis urbanística. Ahora El Roblecillo pasa a engrosar la lista de proyectos envueltos por la sombra de la corrupción.