La acusación particular pide para el alcalde, Matías Carrillo y para un concejal, José Antonio López, 25 años de inhabilitación, 20 fines de semana de arresto y multa de más de 1.600 euros. Además, en concepto de responsabilidad civil, los abogados de la acusación solicitan que los dos acusados indemnicen al ayuntamiento de Fortuna por daños y perjuicios por las contrataciones ilegales con una cantidad de casi 300.000 euros.
Para la acusación, los procesados han incurrido en delitos de prevaricación de funcionario público, delito electoral continuado, malversación de caudales públicos y otro delito electoral en grado de tentativa.
Para la acusada María Dolores Sánchez García, ex concejal del Ayuntamiento de Fortuna, los abogados solicitan una multa de 360 euros.
En cuanto al incremento de votos por correo en las elecciones locales y autonómicas de 2003, la acusación asegura que del total de 469 votos registrados, al menos 49 fueron contratados como laborales con contratos de duración determinada en el Ayuntamiento. Para establecer una comparación, indica que en los comicios de 1998 menos de cien personas votaron por correo.
