Si no hay una intervención rápida, si no se toman medidas, a finales del 2017 se agotará previsiblemente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocida como la 'hucha' de las pensiones. En otras palabras, el Gobierno no podrá recurrir a este Fondo para pagar la extra a los pensionistas.

El pasado julio, el Gobierno decidió utilizar 8.700 millones de euros para pagar la extra de verano a los pensionistas, la mayor cantidad extraída en una sola vez. El problema es que los números no salen ya que desde 2012 los ingresos por cotizaciones no llegan para realizar el pago. En la hucha de las pensiones solo quedan 25.176 millones, pero si se sigue a este ritmo a finales del año que viene puede que se agote el fondo, tal como comunicó este martes el presidente del Consejo Económico Social (CES), Marcos Peña.

Por otra parte, Empleo ha anunciado que en diciembre necesitará 8.700 millones más y en enero, otros 1.000 para abonar las retenciones fiscales. Las perspectivas que se plantean son la reducción incesante de la ´hucha' de pensiones, que a día de hoy es casi el único fondo que se utiliza para hacer frente al problema estructural del sistema público español.

El problema es que desde hace unos años, las cotizaciones ya no aportan fondos a la caja de las pensiones, el empleo generado en los dos últimos años no se traduce en recaudación, de manera que se hace completamente necesaria una nueva reforma que aumente los ingresos. Si no, la viabilidad de las pensiones futuras están seriamente en duda.

¿Cómo se hace en otros países?

En Europa, en muchos países las pensiones se financian con impuestos o con deuda que tendrán que asumir las futuras generaciones, del mismo modo que se hace con la deuda del Estado o de las Comunidades Autónomas.

La cuestión reside, entonces, en si se suben los impuestos para recaudar más recursos o, por el contrario, se realiza un ajuste al gasto público innecesario.

Todos los grupos coinciden en que la Seguridad Social necesita más financiación, la diferencia radica en cómo lograrla, aunque la mayoría coinciden en que debe hacerse a través de impuestos.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, apuesta por que el Pacto de Toledo comience cuanto antes su tarea y confía en que haya un acuerdo rápido, algo que aparentemente resultaría fácil.

Desde el PSOE apuestan por una tasa específica para sufragar las pensiones, que saldría de subir algunos impuestos ya existentes.

En Podemos plantean introducir poco a poco la financiación por vía impositiva del sistema. Ciudadanos, por su parte, propone reabrir el Pacto de Toledo para consensuar una reforma que asegure la sostenibilidad y transparencia.

Algunos expertos se muestran a favor de un pacto de estado, independiente del Gobierno de turno, que abarque el problema de las pensiones y haga una serie de reformas estructurales que equilibre el sistema.

Otros sostienen que a pesar de que se tomen un conjunto de medidas específicas -retrasar la edad de jubilación, eliminar el cobro simultáneo de dos pensiones-, las pensiones se reducirán indudablemente, sobre todo las más altas. Esto conllevará la creación de nuevas figuras impositivas y un cambio de mentalidad, de potenciar el ahorro privado.