Nueve días después de que se conociese que el Real Murcia había decidido retirar la demanda que en verano de 2014 interpuso contra la Liga de Fútbol Profesional al considerar que su descenso administrativo a Segunda B no era legal, el presidente Guillermo Martínez Abarca aprovechaba la reunión del consejo de administración del pasado viernes 25 de marzo para explicar los motivos que le habían llevado a tomar una decisión que la mayoría de los consejeros conocieron a través de los medios de comunicación.
El máximo responsable grana, una vez decididos los pormenores de la ampliación de capital que comenzará el próximo 13 de abril y que podría alargarse hasta el mes de septiembre, se dirigía a sus compañeros de consejo para poner sobre la mesa todos los detalles de la retirada de una denuncia por la que el Real Murcia pedía una indemnización de 32 millones de euros a la Liga. Sin que nadie de los presentes se lo solicitase y con el objetivo de dar transparencia a una decisión que afecta al club, Abarca, como ya había hecho días atrás en varias entrevistas a los medios, insistió en que era necesario dar este paso para reconciliarse con el organismo liguero pensando en un próximo regreso al fútbol profesional.
Después de escuchar la explicación de boca del presidente del club, tanto Miguel Martínez, vicepresidente de la entidad, como el resto de consejeros -Romeo Cotorruelo, Enrique López, Steffan Settells, Víctor Alonso, Domingo Pascual y Juan Guillamón- aceptaron con naturalidad las palabras de Abarca, que había llevado en secreto todas las gestiones, y la decisión de éste de tomar de forma personal una medida tan importante como la retirada de una demanda que de salir adelante podría haber significado una indemnización millonaria para los murcianistas.
Incluso, según explican a esta redacción fuentes cercanas al consejo de administración murcianista, los dos integrantes de la Asociación de Accionistas Minoritarios -López y Settells- decidieron ir un paso más allá, proponiendo que se sometiese a votación la aprobación de la decisión del máximo mandatario, pese a que, independientemente del resultado, la denuncia ya había sido retirada y no era posible dar marcha atrás. «No tenía mucho sentido, pero al parecer querían que constase en acta y así dar formalidad al apoyo que todos habían trasladado al presidente», explica a esta redacción una persona del entorno de uno de los consejeros del club.
Con este respaldo a la decisión más complicada que hasta el momento ha tomado Guillermo Martínez Abarca, quien asumió la presidencia del Real Murcia el pasado mes de enero, tanto el vicepresidente Miguel Martínez, que también actúa como máximo dirigente de las peñas, como los representantes de la Asociación de Accionistas Minoritarios (AAMRM) en el consejo descartaban su salida del órgano de control de la entidad.
Y es que, después de que el jueves 17 de marzo saltase la noticia de que el club centenario había decidido no continuar con su litigio contra la Liga y viendo como la mayor parte de la afición no entendía que se renunciase a luchar pese al trato desigual e injusto de la LFP hacia el club grana en el verano de 2014, nadie aseguraba la continuidad de los consejeros más cercanos a la masa social. Incluso en una radio regional se hablaba esos días del malestar existente en algunos integrantes del consejo, llegando a informar que se estaban planteando presentar su dimisión.
Uno de los que dejó patente su enfado nada más conocerse que el Real Murcia descartaba seguir con la vía judicial fue Pablo Baeza, presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios. A través de las redes sociales, el dirigente de la AAMRM no dudaba en afirmar que «no creo que dicho acuerdo pueda tener validez si no lo refrenda el consejo, cosa que no ha hecho», insistiendo en que «a mí nadie del consejo me ha mencionado nunca este acuerdo».
A la vez que informaba que «mis compañeros -en referencia a los consejeros Enrique López y Stefan Settells- están exigiendo explicaciones y aviriguando qué hay de cierto», Baeza también se atrevía a asegurar que «ya están tardando en salir a dar explicaciones, porque esto de ser así traerá consecuencias». «Es que es para preguntar y mucho, y para que den explicaciones sin perder un segundo», continuaba nada más conocerse la noticia, llegando incluso a dejar entrever que la decisión no había sido tomada por los actuales responsables del Real Murcia sino por el despacho de abogados de Jesús Samper.
Pasados los días y calmados los ánimos, las «consecuencias» de las que hablaba el presidente de los Accionistas Minoritarios quedaron en una simple amenaza, y durante la reunión del consejo de administración que tuvo lugar el viernes 25 de marzo en Nueva Condomina, Guillermo Martínez Abarca veía como sus siete compañeros en el órgano de control murcianista le apoyaban en una decisión con la que se intenta reestablecer las relaciones con la Liga de Fútbol Profesional.
Todo para que, en caso de que este verano se ascienda a Segunda División, el Real Murcia no tenga ningún problema para ser inscrito en una categoría que solucionaría muchos de los problemas económicos que actualmente tiene la centenaria entidad.
De hecho, en la junta de accionistas del 13 de marzo, Romeo Cotorruelo ya hablaba de la posibilidad de, en caso de que el próximo mes de junio se dé el salto a la división de plata, solicitar al organismo presidido por Javier Tebas una prórroga de un año para cumplir los requisitos del control económico.
Además, el club grana también depende de la LFP -ya ha dado su visto bueno- para sacar adelante la nueva propuesta de convenio de acreedores que pretende alargar los pagos durante los próximos cinco años.
