La deuda global que mantiene el FC Cartagena en estos momentos y que entra a formar parte del concurso de acreedores asciende a 4.800.000 euros. En unos días el juez encargado de llevar este concurso decidirá si las propuestas de pago que le ha presentado el abogado del club albinegro son viables o si, por el contrario, hay que volver a analizar años, quitas, pagos y rebajas.
No obstante, en el seno de la entidad cartagenerista son optimistas y creen que sus previsiones son lo más realistas posibles y que el juez encargado del caso no va a oponerse a ellas. De cualquier forma, lo que dice el FC Cartagena es que ese dinero que se ha ido acumulando en el debe de la entidad no será posible pagarlo hasta, como mínimo, el año 2023, siempre y cuando la entidad navegue con viento a favor, o lo que es lo mismo, siga teniendo unos ingresos importantes tanto en abonados, patrocinadores o subvenciones públicas, entre otros. En el peor de los casos, la entidad no podrá quedarse libre de este enorme lastre que arrastra hasta al menos dentro de diez años.
El concurso de acreedores está en un momento decisivo, que va a marcar el futuro de la entidad y la viabilidad de la misma. Ramón Madrid, administrador concursal, debe emitir un informe dirigido al juez en el que decida si lo que el FC Cartagena propone es o no aceptable. Los dirigentes del club creen que no habrá problema y que ese informe será positivo. Salvado ese escollo, el camino se allana para que el juez encargado también dé vía libre.
Las opciones que el FC Cartagena presenta para pagar los casi cinco millones de euros son dos. En LA OPINIÓN ya hemos explicado una de ellas hace ya algún tiempo. El club ha incorporado una segunda opción. Así pues, recordemos que en la primera proponen una quita del 50% de la deuda y una espera de tres años; empezar a pagar en 2019 el crédito ordinario, que asciende, recordemos a los 900.000 euros. Una vez saldado el ordinario se empezaría con el subordinado.
Esta alternativa supone que la horquilla programada para salvar el escollo de deuda oscile entre los siete y los diez años -entre los años 2023 y 2026-.
La segunda alternativa es una quita entre el 50% y el 60% del crédito ordinario y que se empezaría a pagar a partir del segundo año que se apruebe el convenio. La diferencia está en que la quita es mayor, prácticamente el 60%, y además se incluiría al crédito subordinado, pero éste con una quita mayor, del 70%. Así, todos empezarían a cobrar a la vez.
Afirma el abogado de la entidad, Andrés López, que ya han podido entablar conversaciones con algunos de los acreedores incluidos en el concurso -sobre todo exfutbolistas- y que no han mostrado ninguna oposición a lo que él les ha propuesto.
Eso sí, para que la primera opción salga adelante, además de la aprobación del juez -paso previo para iniciar la negociación-, necesitan que al menos el 51% de las personas y empresas que tienen facturas pendientes de cobrar del FC Cartagena se adhieran a la misma. Para que salga adelante la segunda opción, el tanto por ciento de adhesión de acreedores sube al 65%.
Aplazamientos planificados
El club ha programado aplazamientos en los pagos que oscilan entre los dos y los tres años, porque considera que necesita tiempo para recaudar dinero, estabilizar el club y además poder empezar a pagar a la Seguridad Social y Hacienda, organismos con los que se debe mantener una negociación ajena al resto y que además no admiten quita. Además, en el club consideran que un posible ascenso a Segunda división supone una importante inyección económica que podría acortar los tiempos previstos y que la deuda se abonase antes del plazo.
Tal y como subrayan los dirigentes albinegros, la respuesta del juez Francisco Cano no se va a hacer esperar, ya que el año que viene deben empezar a contar los plazos de cualquiera de las alternativas previstas para saldar el dinero que se debe.
