Valcárcel no tendrá que rendir cuentas ante la Justicia por el caso Novo CarthagoValcárcel Novo Carthago, pero lo harán tres personas que ocuparon papeles importantes en los Gobiernos presididos por él. La titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de Murcia, Miriam Marín, ha dictado auto de procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral, contra los exconsejeros Francisco Marqués, Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, así como contra otras siete personas entre las que figuran antiguos directores generales , asesores del Ejecutivo y el empresario alicantino Rafael Galea, máximo responsable de Hansa Urbana la constructora vinculada a la extinta CAM. Archiva las acusaciones, en cambio, de distintos altos cargos del Ayuntamiento de Cartagena (y a la propia institución), con el fin de no contradecir al Tribunal Supremo, que decidió no imputar a la exalcaldesa Pilar Barreiro.

A Antonio Cerdá, también investigado por los casos de la desaladora de Escombreras y el Mar Menor, se le imputa el delito de prevaricación. La juez destaca que fue clave para la tramitación del proyecto culminara con éxito en la Administración regional, ya que firmó la orden de junio de 2003 que permitió cambiar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor para permitir el cambio de calificación, de uso agrícola a recreativo deportivo, de los terrenos en los que se proyectó el campo de golf de Novo Carthago. «Esta decisión no estaba justificada por los informes técnicos ni jurídicos, contrariaba las leyes urbanísticas estatal y autonómica y contradecía todos los informes existentes con anterioridad», dice la juez.

Miriam Marín resalta «el interés» que Cerdá tenía por este proyecto, lo que muestra la reunión «anómala» a la que convocó a distintos técnicos de la Comunidad en el Palacio de San Esteban, para hablarles de la bondad de incluir un campo de golf en el espacio natural de Lo Poyo.

No encuentra la juez indicios de que Cerdá pudiera haber recibido dinero por su actuación política en este caso. Si detecta, en cambio, «numerosos ingresos bancarios injustificados» de la asesora María Antonieta Fernández, quien jugó un papel fundamental para estos cambios que se hicieron en el PORN.

A Bascuñana, que tenía las competencias en materia urbanística en los años en los que se tramitó el proyecto de Novo Carthago, la juez le acusa también de prevaricación, pues en su departamento se obviaron informes técnicos que insistían en que el cambio de uso que se pretendía llevar a cabo en la zona era improcedente e ilegal. «Respecto al señor Bascuñana, se ha de mencionar que, aunque el resultado de la instrucción no ha permitido constatar que el mismo percibió emolumentos de la entidad Hansa Urbana, sin embargo, el informe patrimonial efectuado muestra que el mismo no ha dispuesto durante años de los ingresos procedentes de su cargo político, ni siquiera para sufragar los gastos ordinarios de vida, lo que sugiere que ha dispuesto necesariamente de ingresos de origen desconocido».

Pero quien sale peor parado es Francisco Marqués, consejero responsable de Medio Ambiente en aquellos años y a quien, además de prevaricación, como a Cerdá y Bascuñana, le imputan cohecho. Fue Marqués quien firmó la orden para el nuevo PORN que ya había iniciado Cerdá y cambió la composición de la Comisión Técnica de Evaluación de Impacto Ambiental para facilitar los informes favorables a Novo Carthago. «Cinco días después de firmar esa orden, el señor Marqués acudió a la entidad donde disponía de una caja fuerte y compró un bungalow en Campoamor, por 65 millones de pesetas». En esos días, además, se han detectado ingresos por valor de 13.000 euros en sus cuentas bancarias. Pero lo que llama la atención del juzgado fue la compra de un piso en Valencia a Hansa Urbana "por la mitad de precio de mercado".