«El trasvase Tajo-Segura está garantizado por ley y con el consenso de cinco comunidades autónomas. El próximo 3 de abril los técnicos decidirán sobre el envío de agua». La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se mostró ayer en Alicante tajante, aunque sin atreverse a dar una cifra sobre la cantidad de agua, al asegurar que durante el mes de abril se producirá el tan deseado trasvase de agua del Tajo ala Región de Murcia, Alicante y Almería.
La ministra hizo estas declaraciones durante el desayuno-coloquio 'Políticas de agua y cambio climático: Una oportunidad para el futuro', organizado por el Foro Información-Universidad de Alicante-Bankia.
García Tejerina, que visitó la provincia vecina en el quinto año ya de sequía en España, valoró la necesidad de seguir apostando por la desalación, advirtiendo, sin embargo, de que hay que mejorar la tecnología para abaratar el recurso porque, «la Comisión Europea nos prohíbe subvencionar el agua desalada en virtud de la aplicación de la Directiva Marco del Agua, que obliga a los usuarios a la recuperación de costes».
Esfuerzo
La ministra recordó el esfuerzo que está realizando el Gobierno para paliar los efectos de una sequía que dura ya cinco años. En este sentido, recordó los 17 millones de euros abonados en concepto de subvención del agua desalada que se trata en Torrevieja y las plantas de Agua Amarga para los agricultores.
Una iniciativa, la de la financiación, que tiene los días contados a medio plazo «porque la Comisión Europea lo tiene prohibido y ya nos lo ha recordado». García Tejerina apuntó, no obstante, que este año seguirán las ayudas debido al régimen especial que permite el decreto de sequía.
Pero no por mucho tiempo, por lo que la ministra instó a trabajar en la mejora de la tecnología para abaratar el precio del agua desalada.
En relación al funcionamiento del trasvase, García Tejerina insistió en que en 2015 se otorgaron unas normas de funcionamiento «objetivas y transparentes», que se siguen y que impiden «arbitrariedades». La ministra reiteró que se trata de un compromiso alcanzado entre las cinco comunidades autónomas afectadas e insistió en que en el trasvase Tajo-Segura se trata de una infraestructura sobre la que la experiencia dice que se debe contar con los votos en el Parlamento y lograr que «el de enfrente esté de acuerdo», en relación al gobierno de Castilla-La Mancha, acostumbrado a recurrirlo en los tribunales y perder la batalla judicial.
La ministra no quiso entrar a dar cifras sobre la cantidad de agua a trasvasar. No obstante los agricultores estiman que la cantidad no debe bajar de los 20 hm3
