El Ministerio Fiscal ha pedido penas que suman cuatro años y tres meses de cárcel para T.V.R., de 27 años y nacionalidad española, acusada de apuñalar con un cuchillo de cocina a su vecino tras recriminarle éste el excesivo ruido que hacía. El juicio se celebra este martes, a partir de las 9.30 horas, en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

Los hechos se remontan a diciembre de 2016, en El Palmar (Murcia) cuando, tras una conversación entre ambos, la acusada sacó de entre sus ropas un cuchillo de cocina que portaba y se lo clavó a su vecino, tras reprocharle éste el que hubiera dado patadas a unas puertas y su excesivo ruido.

La procesada clavó el cuchillo a la víctima en el tórax varias veces con el "evidente" ánimo de acabar con su vida, llegando incluso a doblar la hoja del cuchillo dada la fuerza con la que se lo clavó. Como consecuencia de las heridas, la víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y le han quedado secuelas.

A la llegada de los agentes de la Policía Nacional, la acusada les manifestó que agredió a su vecino porque éste le había agredido antes y que no recordaba nada más. Al pedirle los agentes que les acompañara a las dependencias judiciales, ésta huyó intentando encerrarse en el baño de su vivienda y propinó patadas a los agentes, con los que incluso llegó a forcejear e intentó eludir que le pusieran los grilletes. De hecho, uno de los agentes sufrió lesiones en manos y rodilla.

En el momento de los hechos, la procesada consumía cocaína, lo que limitaba levemente sus facultades intelectivas y volitivas. Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que procede imponer la pena de cuatro años de prisión; así como de un delito de resistencia, por el que reclama tres meses de prisión; y un delito leve de lesiones, por el que pide una pena de un mes de multa a razón de 6 euros la cuota diaria.

Igualmente, procede el alejamiento de la víctima, su domicilio y lugar de trabajo al menos a una distancia de 300 metros y cualquier tipo de comunicación telefónica o telemática por tiempo de cinco años.

Como responsabilidad civil deberá abonar a la víctima en más de 1.700 euros por las lesiones y 400 por las secuelas; al agente lesionado 160 euros, al agente que portaba la linterna 30 euros por la misma al golpearla; y al Servicio Murciano de Salud en casi 2.000 euros por los gastos médicos de la víctima.