El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia no admite la querella por un delito de prevaricación, presentada en julio del pasado año, por la Fundación San Antonio, contra funcionarios de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por un supuesto bloqueo en la obtención de licencias para edificación de una zona deportiva y un aulario, informó el TSJ en un comunicado.
«No cabe duda, pues, que estamos ante un conflicto jurídico técnico, y que la vía penal no es la adecuada», destaca el magistrado en el auto, tras explicar la atipicidad penal de los hechos descritos en la querella, añade la nota.
«La parte querellante bien puede acudir a la vía Contencioso-Administrativa contra las decisiones de Cultura o del propio Ayuntamiento. En nada soluciona el conflicto esta investigación penal que se solicita sea abierta», señala la resolución.
Se ha producido durante años, siempre según plantea la querella de la UCAM, «una actuación conjunta y deliberada de esos funcionarios, primero por omisión y permisión en la caducidad de un expediente de 2009 y después con el expediente sancionador y medidas cautelares derivadas del derribo de El Corralazo» por el que Cultura ordenó la suspensión inmediata a la UCAM de las autorizaciones para construir.
Un relato que «no se sostiene»
Un relato que «no se sostiene»Desde el punto de vista de Castillejos, este relato resulta de carácter «endeble».
En este sentido, el titular del Juzgado subraya que «flaquea notablemente y no se sostiene» al ser «un plan insostenible que demuestra la creación puramente artificial de la querella» de la Católica.
Contra esta resolución cabe recurso de reforma en el mismo juzgado o de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia.
Entre los denunciados por la institución que preside José Luis Mendoza están la exdirectora general de Bienes Culturales, María Comas, y el jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel San Nicolás.
