La quita de la deuda que trataban de conseguir Murcia y Valencia no ha logrado el apoyo suficiente de las comunidades, mientras que algunas, como Madrid, se han pronunciado en contra. La Comunidad debe más de 8.300 millones, unos 6.ooo de ellos al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), como consecuencia de la escasa financiación que recibe para costear los servicios públicos en relación a las demás autonomías. El consejero de Hacienda, Andrés Carrillo, reivindica que el nuevo modelo de financiación autonómica debe liberar a las comunidades que han acumulado un mayor déficit como consecuencia de la infrafinanciación del peso que supone la deuda acumulada. También la Comunidad Valenciana, que debe más de 44.600 millones, trata de conseguir una rebaja de que permita reducir la factura financiera.
Aunque se ha discutido a fondo en la comisión sobre la forma en la que se debería «metabolizar» la deuda acumulada hasta el momento y, en particular, la canalizada a través del FLA, no ha habido consenso al respecto.
Hay una posición claramente a favor de aplicar posibles quitas del principal con una reestructuración de la deuda y otra que entiende que las comunidades tienen que hacerse cargo de la amortización íntegra de su capital y del pago de los intereses devengados.
No obstante, para facilitar la gestión financiera y de liquidez de las comunidades, ayudar a su vuelta progresiva a los mercados y favorecer la gradual reducción de los pasivos acumulados, se acepta que podría ser aconsejable acometer una reestructuración transparente de la deuda autonómica con el Estado, supervisada por el Banco de España y la AIReF. Esta opción contempla alargar el plazo de amortización y suavizar las condiciones de los créditos que han tenido que asumir las comunidades para seguir manteniendo los servicios. También se podría prever un nuevo mecanismo de financiación extraordinaria que sería aplicado exclusivamente para atender situaciones financieras muy graves, individualizadas y debidamente motivadas.
La concesión de esta financiación extraordinaria debería estar acotada en el tiempo y nunca podría financiar desviaciones de gasto que supongan incumplimiento de los objetivos de déficit aprobados. Como complemento de la regla de gasto, la Comisión considera deseable promover la inclusión de un sistema de fondos de estabilización presupuestaria o fondos de reserva que operen como fondos de liquidez ante circunstancias muy adversas de la economía. El Plan de pago a Proveedoresy el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se estiman «positivos», pero alertan de que han ocasionado «incentivos perversos».
Una bonificación de 21.000 millones para volver a los mercados
