Trabajadores de las estaciones de inspección técnica de vehículos de toda la Región se movilizaron ayer durante dos horas para mostrar su descontento contra el proyecto de Decreto en el que está trabajado el Gobierno regional con el objetivo de privatizar el sector.
Desde el mediodía hasta la una, y desde las seis hasta las siete en jornada de tarde, los profesionales del servicio dejaron de trabajar en señal de protesta, un paro que se repetirá el miércoles 26 entre las doce y las dos de la tarde, y desde las seis hasta las ocho. La mayor queja tiene fecha de 31 de julio, día en el que se espera que las ocho ITV regionales vayan a la huelga.
Estos paros han sido convocados por los sindicatos CCOO y UGT, que explicaron que su motivación se basa en la liberalización del modelo de gestión en las ITV, «dejando de prestar el servicio mediante el sistema de contrata pública por la Administración y fomentando la libre prestación».
Entre los manifestantes, Araceli Cáceres, miembro del Comité de Empresa de la ITV de Lorca, secundó la protesta para reivindicar su puesto de trabajo y demandar que los lotes de estaciones se hagan estratégicamente. «Tener veinte ITV sería una catástrofe y la bajada de precios y costes abarataría la calidad de la inspección».
El próximo lunes 24, los representantes sindicales mantendrán una reunión con Juan Hernández, consejero de Empleo, Universidades y Empresa, para tratar de llegar a un acuerdo, aunque por el momento piden su «dimisión inmediata» y su sustitución por un responsable que «sepa reconducir la situación» y que repercuta en «la mejora del servicio, la estabilidad en el empleo, la eficiencia de la seguridad y protección medioambiental y en la reducción significativa de los precios públicos que paga la ciudadanía».
Calidad y tarifas del sector
El presidente de la asociación murciana de consumidores y usuarios (Consumur), Roberto Barceló, emitió un comunicado en el que declaró que «la liberalización de las ITV en la Región, como se está produciendo en otras Comunidades, es una muestra más del proceso imparable de privatización al que estamos asistiendo en sectores productivos básicos que requieren de una estabilidad de sus tasas y una garantía de servicios que eviten su mercantilización sobre una guerra de precios».
La asociación asegura que la aprobación definitiva del proyecto de Decreto supondrá «consecuencias negativas para consumidores y usuarios», y que la calidad y las tarifas del servicio podrían verse alteradas con la aplicación del Decreto Regional, por lo que defendió las paradas de las estaciones. La organización solicita, por tanto, mantener «un servicio público cuyo objetivo principal debe ser garantizar la seguridad vial de los ciudadanos», y considera que su regulación no debe dejarse en manos privadas.
Por su parte, la formación IU-Verdes acusa a la Consejería de Industria de improvisación y mala gestión en un tema determinado por el plazo de finalización de las actuales concesiones del servicio de ITV el 2 de septiembre. La organización describe que en el sistema perpetúa el «capitalismo de amiguetes» y apoya las protestas.
Respuesta Juan Hernández dice que el CES lo aprobó
El consejero de Empleo, Juan Hernández, afirmó que la gestión de las ITV mediante concesión es «una fórmula de transición entre la gestión directa y la liberación», que la UE trata de implantar. Recordó que su propuesta fue aprobada por el Consejo Económico y Social (CES) y aseguró que es lo mejor frente al «caótico» régimen actual, donde conviven: «La ITV de Alcantarilla, pública; la de Espinardo, privada; y las demás, que tienen una concesión». Añadió que la ampliación de estaciones de 8 a 19 permitirá que «todos los murcianos tengan una ITV a menos de 20 kilómetros de su casa».
