La Región de Murcia es la primera comunidad autónoma de España que elimina los aforamientos. La Asamblea Regional aprobó ayer por unanimidad la reforma de los artículos de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto de Autonomía para suprimir este privilegio que permitía que los 45 diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno no pudieran «ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio». El cambio, sin embargo, no entrará en vigor inmediatamente, sino que tendrá que ser ratificado en el Congreso de los Diputados y el Senado, al ser el Estatuto de Autonomía una ley orgánica.

Los tres grupos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) llevaban tiempo detrás de acometer esta reforma, pero necesitaba el voto favorable del Partido Popular, ya que para cualquier modificación en el Estatuto era imprescindible una mayoría cualificada, al menos el apoyo de 27 de los 45 parlamentarios.

Los populares habían bloqueado hasta ahora la supresión de los aforamientos, señalando que aunque estaban a favor en el fondo de la cuestión, no lo estaban en la forma, ya que preferían acometer esta eliminación a través de una reforma global del Estatuto. Sin embargo, esta vez no han tenido más remedio que propiciar con su voto esta iniciativa de la oposición, ya que era la condición innegociable que exigía Ciudadanos para facilitar que Fernando López Miras sea presidente de la Comunidad, mediante la abstención de sus cuatro diputados en la segunda votación del debate de investidura, para la que solo hace falta mayoría simple.

Así, los 22 diputados regionales del PP levantaron la mano para votar que sí a la modificación estatutaria. Entre estos estaba Pedro Antonio Sánchez, en la primera ocasión que acudía a la Asamblea tras su dimisión como presidente de la Comunidad. Sánchez sería uno de los parlamentarios afectados por la eliminación de aforamientos. Si prosperase en Madrid, el caso Auditorio, en el que está investigado, volvería al Juzgado de Instrucción Número 1 de Lorca, donde se iniciaron las diligencias. La titular de este juzgado, Consuelo Andreo, ya vio indicios claros de que PAS podría haber cometido supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. Asimismo, el caso Púnica, que todavía está pendiente de admitir por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, podría regresar a manos del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ha mostrado especial celo en investigar al expresidente.

No obstante, la eliminación de aforamientos de la Región todavía tiene que superar la criba del Congreso de los Diputados y el Senado, que ya ha frenado algunas reformas estatutarias, como la de País Vasco, con el plan Ibarretxe, y de Castilla-La Mancha, para evitar la caducidad del Trasvase Tajo-Segura. Hasta que las modificaciones sean ratificadas en Madrid, los diputados y miembros del Consejo de Gobierno solo podrán ser investigados por el TSJ.

La Asamblea Regional nombró también ayer a los tres diputados que irán a las Cortes a defender la reforma del Estatuto. Serán Víctor Martínez (PP), Joaquín López (PSOE) y Miguel Sánchez (Ciudadanos). Podemos se queda fuera.