La actitud del Partido Popular de la Región de Murcia durante las negociaciones con Ciudadanos para la investidura de Fernando López Miras como presidente de la Comunidad no va a ser igual que en las de 2015, cuando los populares agacharon la cabeza y aceptaron sin rechistar las duras condiciones que le imponía la formación naranja, que han acabado provocando la renuncia de Pedro Antonio Sánchez.

El primer borrador que el PP regional ha presentado a Ciudadanos para la negociación mete en varios aspectos el dedo en el ojo de la formación naranja. Si el partido que lidera Miguel Sánchez no mueve su línea roja y sigue exigiendo que los cargos públicos inmersos en causas judiciales por corrupción dimitan en el momento en el que son investigados (cuando a nivel nacional lo pide en el juicio oral), los populares quieren incluir en el acuerdo un punto en el que reclama «la expulsión inmediata de los representantes públicos que utilicen de manera fraudulenta las subvenciones destinadas a financiar gastos ordinarios de funcionamiento de grupos parlamentarios, grupos municipales y partidos políticos».

Hace alusión el PP a la polémica en la que se vio envuelto Ciudadanos hace un año, cuando se supo que se había destinado dinero público de la Asamblea Regional al pago de facturas electorales. El asunto costó el puesto al delegado territorial, Mario Gómez, que más tarde fue restituido como coordinador regional y continúa como portavoz en el Ayuntamiento de Murcia.

Otro punto de la propuesta del PP quiere comprometer a Ciudadanos «a respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos expresada en el resultado existente de las urnas, facilitando así la gobernabilidad del partido más votado en la Comunidad Autónoma y en los Ayuntamientos y pedanías». Quiere evitar el Partido Popular situaciones como los pactos entre PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia, que le arrebataron el control de la mayoría de pedanías de la capital.

Asimismo, el texto del PP establece «un pacto antitransfuguismo» entre las dos formaciones, que se comprometerían a no incluir en sus listas electorales a candidatos que hayan desempeñado cargos de representación política en el otro partido. Quiere así el PP limitar el trasvase de dirigentes de una fuerza a otra, muy habitual en los últimos años, sobre todo en los municipio, sobre todo desde PP hacia Ciudadanos.

Otra de las reivindicaciones de los populares obliga a Ciudadanos a retractarse de algunas iniciativas que han apoyado en la Asamblea en los últimos dos años. Por ejemplo, el PP quiere comprometer a C´s elaborar una nueva Ley de Vivienda «plenamente constitucional», cuando Ciudadanos apoyó a PSOE y Podemos en la modificación que realizaron de la normativa actual, que ha sido cuestionada por el Estado. También quiere modificar el PP la Ley del Rosell impuesta por la oposición, con el apoyo de C´s, y obligar a sus socios a rechazar la Ley de Muerte Digna que promueven los socialistas.

De igual manera, en el PP quieren incorporar «un decreto de reparación de daños y restauración del honor para aquellos cargos públicos que hayan tenido que dimitir y que sus casos resulten posteriormente archivados o sean declarados inocentes». Este punto parece preparar el terreno para una posible vuelta de PAS.

La línea roja, por su parte, la sitúan en el encausamiento, en la apertura del juicio oral. También quieren «reducir aforamientos» (no eliminarlos) en el plazo de seis meses e impulsar modificaciones para limitar el ejercicio de la acusación particular por parte de partidos políticos.

Respecto a los Presupuestos de 2018 y 2019, el PP exige que «no podrán ser negociados como una lista de peticiones sin tener en cuenta el conjunto de necesidades de la Región y deberán estar subordinadas al cumplimiento de los objetivos de déficit».

Con los documentos sobre la mesa, la negociación se antoja difícil, ya que Ciudadanos no está dispuesto a mover la línea roja, lo que implicaría la salida de Pedro Antonio Sánchez de la Asamblea Regional (al menos del Grupo Parlamentario Popular) y los populares no están dispuestos a otro sacrificio de su líder,y quieren doblegar a Ciudadanos, pues consideran que no son tan exigentes como en Murcia en otras comunidades autónomas en las que son decisivos para la estabilidad del Gobierno, como Andalucía.

Desde Ciudadanos ven «inaceptable» el borrador que propone el PP, sobre todo por los puntos de la transparencia, aunque aseguran que las negociaciones van más cerca del borrador presentado por Ciudadanos. Los dos partidos confían en cerrar la próxima semana, antes del debate de investidura, el nuevo acuerdo para hacer presidente a López Miras.