La noticia de que la juez del caso Auditorio pedía formalmente su imputación sorprendió al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, en el acto por el aniversario de la Constitución Española, celebrado en el Archivo General de Murcia. Allí no hizo declaraciones, pero poco más de una hora después convocó a los medios de comunicación en el patio de San Esteban, que el jefe del Ejecutivo regional suele utilizar para las comparecencias más solemnes, para dar la cara ante una información que había alcanzado repercusión nacional.

A Pedro Antonio Sánchez se le vio afectado por el nuevo obstáculo judicial que amenaza su carrera política. «Hay gente que ahora lo está celebrando», indicó el presidente que, sin embargo, se marchó sin dar una respuesta clara a la pregunta de si va a dimitir si es imputado, tal y como se comprometió en el acuerdo de investidura que firmó con Ciudadanos. «No vayamos por delante de los futuribles que puedan ocurrir. No vayamos por delante de la Justicia», señaló.

El jefe del Ejecutivo, que reconoció que no había tenido oportunidad de leer el auto de exposición razonada a la hora de su comparecencia, insistió en que «hasta el último euro» de la subvención de seis millones de euros concedida por la Comunidad para el Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras «está invertido en la obra», algo que, según el jefe del Ejecutivo, «nadie pone en duda», pese a que la juez ha abierto una pieza separada para comprobar si todo el dinero se gastó en los trabajos.

Según Pedro Antonio Sánchez, la inversión «se justificó» y fue avalada «por todos los filtros que fiscalizaban que las cosas se hicieran bien», entre los que cita a un perito de la Fiscalía cuyo informe consta en las diligencias judiciales. Además, cree el presidente que este caso se circunscribe exclusivamente al ámbito administrativo y no podría ser considerado como corrupción política. Por tanto, aunque no lo dijo expresamente, su interpretación del acuerdo de investidura parece diferente de la que tienen en Ciudadanos.

El jefe del Ejecutivo regional señaló que, si el TSJ lo llama a declarar, acudirá para «comparecer, aclarar, dar explicaciones, aportar documentos, respetar a la Justicia, colaborar con ella, tomármela muy en serio y esperar a que hable». Asegura que le da «tranquilidad» que la Justicia «investigue y aclare» y recuerda que, cuando el fiscal superior inició la investigación sobre el Auditorio tras una denuncia del PSOE, solicitó sin éxito «hasta en tres ocasiones» comparecer voluntariamente ante López Bernal.

El presidente pidió a los murcianos que estén «tranquilos, porque todo se va a aclarar» y no cree que su posible imputación afecte a la negociación de los Presupuestos de la Comunidad para 2017. «El interés general de la Región es una cosa y el partidismo y el oportunismo, otra». «Mis convicciones son más fuertes que mis enemigos», afirmó también.

El argumentario

Desde el entorno de PAS difundieron ayer un argumentario para desmontar las sospechas del caso Auditorio. Defienden que el edificio se llegó a utilizar para las clases del Conservatorio de Música de Lorca tras los terremotos de 2011 en la ciudad. «Todos los órganos municipales y regionales fiscalizadores de control han informado y certificado la correcta ejecución de las subvenciones otorgadas», dice el argumentario.

Niegan también desde el equipo de PAS que hubiera encargo verbal al arquitecto Martín Lejárraga para la adjudicación del proyecto, basándose en una sentencia firme del TSJ que descartó irregularidades en este aspecto. También afirman que sí se cumplió el principio de publicidad en el concurso de ideas, aunque matizan que, en todo caso, esto sería un error administrativo. La adjudicación de las obras «se hizo a través de un concurso público con la debida publicidad y cumpliendo los plazos legales». Además, «el contrato aún no se ha liquidado, pues existe un aval de 300.000 euros depositados en las cuentas municipales como garantía de defensa de los intereses públicos y que no se han devuelto a la constructora».

«Efectivamente, no está concluido el total del proyecto, pero sí la totalidad del proyecto modificado. Es decir, el total de los seis millones de la subvención, con dos edificios completamente concluidos y listos para su uso y un tercero pendiente de concluir», concluye el argumentario.