El Servicio Murciano de Salud (SMS) no consigue contar con una compañía aseguradora dada la siniestralidad que se registra en los centros hospitalarios dependientes del mismo y que ha motivado la rescisión de los contratos por las últimas aseguradoras que había suscrito contrato con el mismo.
Una de esas empresas fue Berkley, que denunció la póliza firmada con el SMS por las elevadas indemnizaciones que se vio obligada a pagar como consecuencia de sentencias que la condenaban al abono de la responsabilidad civil derivada de negligencias médicas, malas prácticas o pérdida de oportunidad de los pacientes afectados por las mismas.
Tras la salida de esa compañía, se suscribió un contrato con Mapfre, que, a la vista de la elevada siniestralidad, también ha decidido denunciar el contrato.
En estos momentos, según han indicado a Efe abogados especializados en la defensa de enfermos que han padecido negligencias médicas, la Sanidad murciana no cuenta con ninguna compañía aseguradora que afronte las indemnizaciones a las que puede ser condenada por los tribunales.
Los letrados han añadido que es hora de que las autoridades correspondientes analicen la situación, en defensa de la salud de los murcianos, y pongan en marcha la adopción de medidas que luchen contra una siniestralidad que califican de "escandalosa".
La compañía Berkley, una de las últimas aseguradoras del SMS, fue condenada recientemente al pago de una indemnización que supera la cifra de 2,1 millones de euros -una de las más elevadas de las fijadas por los tribunales españoles- por la negligencia médica padecida por una parturienta de 37 años que dio a luz en el hospital "Rafael Méndez" de Lorca (Murcia) en junio de 2010.
Como consecuencia de esa mala actuación de los facultativos, ella quedó estéril, además de sufrir secuelas como depresión y trastornos neuróticos, mientras que la niña que alumbró será una gran inválida de por vida y necesitará de la asistencia de una tercera persona para realizar cualquier actividad de la vida diaria, incluso las más simples.
Esa sentencia por la que se fijaba la indemnización en 2,1 millones de euros fue dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, que, al estimar en parte el recurso presentado por el letrado Pedro Alfonso García-Valcárcel en nombre del matrimonio, elevó la cantidad recogida en la resolución de un Juzgado de Primera Instancia de aquella ciudad.
