El que fuese director territorial de Cajamar Antonio Pita y el que fuera director de la oficina de esta entidad en la avenida Alfonso X El Sabio de Murcia, José Antonio V. C., negaron ayer tajantemente haber inducido a cinco empresarios a que secuestrasen a un promotor inmobiliario para que les firmase unos papeles con los que cobrar.

En la segunda sesión del juicio que se sigue contra ellos -los dos directivos de banca y los cinco empresarios- en la Audiencia Provincial de Murcia, presidido por el juez Juan del Olmo, el primero en declarar ayer fue Pedro José L. G., uno de los constructores. «Yo no estuve en las reuniones, no sé si se hablaba de sangre o de traerlo a rastras (al promotor Fernando M.). A mí es lo que me dicen».

Pedro José L. G. admitió haber falsificado la firma de este promotor con intención de que en la caja colase y poder cobrar.

A continuación declaró José Antonio V. C., que dijo que «el lunes (día del secuestro) yo ni estaba en mi oficina. Había quedado con unos empresarios para una operación de comercio exterior».

Admitió que recibió constantes llamadas de dos de los empresarios acusados «porque querían cobrar», pero apostilló que fueron llamadas muy breves, porque él no podía atenderlos. Añadió que, cuando llegó a la oficina, a las once de la mañana, «estaban ahí sentados Enrique y Pedro (dos de los acusados). Me dijeron que venían a traerme las órdenes de pago».

«Me resultó muy chocante que en mi presencia no estuviese Fernando -el promotor-, que es el que paga, y sí estuviesen las personas perceptoras del dinero», remarcó el directivo de banca.

Preguntado por quién pudo entregar los documentos bancarios que los sospechosos luegos llevarían firmados -supuestamente, falsificando la rúbrica del promotor-, José Antonio V. C. destacó que «hay 1.500 empleados en la caja y unas relaciones comerciales muy grandes. ¿De dónde sacan los papeles? No lo sé». «Llevo 22 años en banca. Nunca se habrían hecho esos documentos. Se habría hecho un documento normalizado por la caja», hizo hincapié.

Aseveró que jamás facilitó a los empresarios acusados datos personales o fotografías de Fernando M. «Yo no soy fotógrafo, soy empleado de banca», resaltó.

Sobre los supuestos beneficios que la caja podría obtener con estas construcciones, el procesado sentenció que «el importe de esas operaciones para mi oficina era nada, y para la caja era un grano de arena en el océano».

Antonio Pita, por su parte, dejó claro que lo único que se intentó desde su entidad fue que las obras pudieran seguir adelante, como lo acredita el hecho de que se aprobara una refinanciación del préstamo hipotecario. Asimismo, explicó al tribunal que lo que les propuso Fernando M. de acordar una dación en pago era inviable, ya que con la misma pretendía que quedaran saldadas todas sus deudas, incluidas las que nada tenían que ver con estas promociones.

«Sólo lograron que hiciera unos garabatos»

También comparecía ayer como testigo „y denunciante- la víctima de este secuestro, Fernando M. Según su relato, le propinaron varios golpes, le acercaron un soplete encendido, que quemó su pantalón, e incluso lo metieron en un bidón, con la intención de que firmara los documentos que habría permitido que los constructores acusados en este juicio pudieran cobrar. Tras varias horas de secuestro, siempre según su versión, en el que solo consiguieron que «hiciera unos garabatos» en los papeles, lo trasladaron hacia Fortuna y lo dejaron libre. En cuanto al banco, dijo que no siguió pagando las certificaciones que le pasaban al comprobar que la caja pagaba a unos proveedores y a otros no. El juicio ha quedado visto para sentencia.