Juicio

El empresario secuestrado y los acusados ofrecen versiones distintas

El denunciante ha explicado que cuando se disponía a coger su coche en un aparcamiento de Murcia para dirigirse a su trabajo fue abordado por cuatro personas y que, aunque intentó huir, lo forzaron a meterse en el coche

11.10.2016 | 16:17
Banquillo de los acusados (Pita, en segunda fila) en la primera sesión del juicio que comenzó en la Audiencia Provincial.

El promotor inmobiliario que denunció haber sido secuestrado por cinco constructores para conseguir que estampara su firma en las certificaciones que les permitirían cobrar sus trabajos y los dos directivos de banca a los que se juzga por inducción han ofrecido hoy versiones contradictorias sobre lo ocurrido.

El denunciante, F.M., ha asegurado al declarar como testigo en la vista oral que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Murcia que debido a la difícil situación económica por la que atravesaba su empresa, "Promofermu, S.L.", entró en contacto con los directivos de Cajamar, J.A.V. y A.P., este último, jefe territorial de la entidad, para salvar las dos promociones inmobiliarias que tenía a medio.

Para F.M., que actúa igualmente como querellante en esta causa, buscó una solución con esta entidad de ahorro, que había financiado las obras con dos préstamos hipotecarios que sumaban 3,2 millones de euros.

Ha añadido a lo largo de su declaración que Cajamar le impuso a las empresas constructoras que debían continuar las obras de las dos promociones, y, por otra parte, que dio orden a esta entidad de no seguir pagando las certificaciones que estas pasaban al comprobar que aquella pagaba a unos proveedores y a otros no.

Esto lo consideraba irregular por lo que, según ha dicho, llegó a advertirles de que podía instar el concurso de acreedores de su empresa.

En cuanto al secuestro del que fue víctima, ocurrido en mayo de 2009, ha explicado que cuando se disponía a coger su coche en un aparcamiento de Murcia para dirigirse a su trabajo fue abordado por cuatro personas y que, aunque intentó huir, lo forzaron a meterse en el coche de uno de ellos, donde la taparon los ojos y lo trasladaron a una nave ubicada en el municipio murciano de Ceutí.

Una vez allí, según su relato, le propinaron varios golpes, le acercaron un soplete encendido, que quemó su pantalón e incluso lo metieron en un bidón, con la intención de que firmara los documentos que habría permitido que los constructores acusados en este juicio pudieran cobrar.

Tras varias horas de secuestro, siempre según su versión, en el que solo consiguieron que "hiciera unos garabatos" en los papeles, lo trasladaron hacia Fortuna y lo dejaron libre.

Por su parte, A.P. y J.A.V. han discrepado de la versión ofrecida por este promotor sobre las gestiones y los objetivos de las reuniones mantenidas en torno a la continuidad de las obras.

Ambos han negado que indicaran a alguno de los otros cinco acusados que debían ejercer incluso la violencia sobre F.M. para conseguir que este les firmara las certificaciones de obra.

El que era entonces director territorial de Cajamar, A.P., ha añadido que lo único que se intentó desde su entidad fue que las obras pudieran seguir adelante, como lo acredita el hecho de que se aprobara una refinanciación del préstamo hipotecario.

También ha señalado que lo que les propuso F.M. de acordar una dación en pago era inviable, ya que con la misma pretendía que quedaran saldadas todas sus deudas, incluidas las que nada tenían que ver con estas promociones.

Los otros cinco acusados son los constructores A.M., J.M., A.G., E.G. y P.J.L., este último, según su propia confesión, autor de la falsificación de la firma de F.M. en el documento con el que intentaron que Cajamar les pagara una certificación de obras, lo que no consiguieron finalmente al infundirle sospechas a los directivos de la entidad de ahorro.

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