Tribuna libre

No devolverán el dinero de las tasas

01.08.2016 | 04:00

El Tribunal Constitucional llega tarde y llega mal. Hace ya casi cuatro años que diversos partidos y comunidades autónomas interpusieron recursos contra la Ley de Tasas solicitando que se declarase su inconstitucionalidad. Otras instituciones competentes para hacerlo pudiendo hacerlo no lo hicieron y, por ejemplo, la Defensora del Pueblo prefirió dejar pasar la magnífica oportunidad que tenía de defender precisamente al pueblo y justificar su existencia y optó por no formular recurso alguno a pesar de la insistencia con la que miles de ciudadanos se lo pidieron.
Casi cuatro años después, como digo, cuando nueve parlamentos autonómicos ya habían pedido al Gobierno la derogación de esta ley (entre ellos, para orgullo nuestro, el de esta Región), cuando incluso el Congreso de los Diputados en sesión memorable había votado unánimemente que se tramitase la proposición de ley de la Brigada Tuitera para su derogación, ahora, tras todo eso, aparece el Tribunal Constitucional tratando de apuntillar al toro agonizante pero, en realidad, levantándolo y haciendo que vuelva a ser peligroso para toda la población.

El Tribunal Constitucional estima que muchas de las tasas judiciales establecidas (no todas) son inconstitucionales en razón de su cuantía y, de paso, dispone que no se devuelva el dinero inconstitucionalmente cobrado a los ciudadanos, pues, razona el tribunal, esto causaría un grave quebranto a la Hacienda Pública. Y uno, ingenuamente, se frota los ojos y recuerda con candidez infantil lo de que «Hacienda somos todos»; porque pareciera que los ciudadanos no son ´Hacienda´ cuando de cobrarles tasas inconstitucionales se trata, pero sí que lo son para que no se les devuelva lo ilegalmente cobrado. No me lo expliquen en términos jurídicos, los conozco, el Tribunal puede hacer esto y lo hace, lo que debería producir sonrojo al Tribunal es haber tardado cuatro años en decir esto. Son sus cuatro años de tardanza los que han permitido que estas tasas se cobrasen inicuamente a miles de personas, son sus cuatro años de tardanza, también, los que han permitido que otros muchos miles de personas no pudiesen defender sus derechos y es por eso por lo que sorprende que ahora, cuando debido a la propia morosidad del Tribunal en resolver los recursos se ha generado una injusticia de varios miles de millones de euros, falle sin ruborizarse que se ha liado tan gorda que ya el dinero es mejor que no se lo devuelvan a quienes se lo cobraron inconstitucionalmente. El Tribunal declara inconstitucional la ley pero ni resuelve las injusticias creadas ni parece ruborizarse por ello.

Esta tardanza de nuestro Tribunal Constitucional en resolver convierte además a nuestra nación en campo abonado para todo tipo de tropelías: pueden dictarse leyes inconstitucionales con toda tranquilidad sabiendo que durante cuatro años estarán vigentes y que, cuando el Tribunal Constitucional las deje sin efecto, se tendrá la certeza casi absoluta de que nadie pagará los platos rotos si el desaguisado creado es lo suficientemente grande. Además de ello, al declarar las tasas inconstitucionales tan sólo por razón de su cuantía -sí, es su doctrina anterior, lo sé- deja abierta la puerta a nuevas probaturas: el gobierno de turno podrá rebajar las tasas en leyes futuras y esperar otros cuatro años a que el Tribunal decida si el ´precio´ que le ponen a la Justicia es lo suficientemente caro o no para declararlas inconstitucionales.

Para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Los representantes políticos de la nación ya habían llegado a un consenso uniforme gracias, sobre todo, a los esfuerzos de esos muchos miles de juristas sin nombre que forman la Brigada Tuitera; que la ley de tasas iba a ser derogada tiene su mejor ilustración en el ya citado pleno del Congreso de los Diputados que votó unánimemente contra ellas. Ahora... Ahora ya veremos si nuevos gobiernos, al calor de la sentencia dictada, no deciden volver a resucitar nuevamente el problema.

Todo este asunto de las tasas judiciales, además, es una magnífica ilustración del mal funcionamiento de nuestro estado de derecho: un gobierno que, con voluntad exclusivamente recaudatoria, dicta leyes inconstitucionales; una Defensora del Pueblo que mira hacia el lado equivocado; un Tribunal Constitucional que olvida que la justicia tardía no es justicia y un país donde, al final, nadie se hará responsable de todo este desaguisado, donde nadie pedirá perdón.

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