El Consejo de Gobierno aprobó ayer la eliminación del copago del 33% en los servicios de los centros de día para 1.235 usuarios, que dejaran de abonar una media de unos 60 euros al mes. El Ejecutivo regional autorizó el decreto ley por el que se modifica el régimen de aportación económica de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones del sistema de Autonomía de Atención a la Dependencia, a propuesta de la consejera de Familia, Violante Tomás. Entre los beneficios hay 1.2014 personas dependientes y 31 mayores.
Según explicó la portavoz del Gobierno tras la reunión del Ejecutivo, dejarán de pagar los servicios hasta 1.006 personas y tendrán que pagar menos de lo que lo venían abonando otras 229.
La modificación que suprime el copago del 33% en los centros de día beneficia a los usuarios con pensiones no contributivas, protección familiar y gran invalidez
«El objetivo es reducir el pago que tienen que hacer las personas en situación de dependencia por las prestaciones que reciben», según recoge la referencia del Consejo de Gobierno. Se estima que esta medida beneficiará a 1.204 personas dependientes y a 31 mayores.
La fórmula actual establece que el copago por persona se obtiene de un cálculo sobre la capacidad económica y sobre los complementos. Dado que estos complementos destinados al cuidado por una tercera persona no computan en la capacidad económica, ya que no representan un ingreso directo de la persona con discapacidad, sino una ayuda destinada a su cuidado, se aplica el 33% mensual de este importe, entendiendo que su estancia en un centro de día es de 8 horas, lo que supone un tercio de las 24 horas del día. El importe mensual de la prestación es de 362 euros.
Al tratarse de un decreto ley, el acuerdo del Ejecutivo tendrá que ser convalidado después por la Asamblea Regional.
Por otra parte, el Consejo de Gobierno, también a propuesta de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, dio el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Mediación Familiar como fórmula de resolución de conflicto, cuyo objetivo es regular fórmulas de comunicación en las que las partes acuden voluntariamente a un profesional cualificado, imparcial y neutral, que actúa como facilitador del proceso de conciliación. Se crea así un espacio de diálogo donde prevalece la equidad, la igualdad, seguridad y libertad de las partes, a fin de que se adopten las decisiones necesarias para resolver el conflicto.
