La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de Miguel Pasqual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM), nombramiento que había sido impugnado por otra aspirante al cargo, Pilar Alonso, magistrada de la Audiencia Provincial, que estaba 1.160 puestos por delante de él en el escalafón. Algunos magistrados denunciaron machismo en el nombramiento.
La Sala de lo Contencioso Administrativo tomó la decisión de anular el nombramiento por 18 votos a favor por 15 en contra, al entender que su motivación fue «insuficiente o defectuosa». No obstante, también rechazó por 28 votos a 5 la petición de Pilar Alonso de que se le designara para el puesto en cuestión, de modo que ahora el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que pronunciarse de nuevo sobre el nombramiento.
El nombramiento de Miguel Pasqual del Riquelme como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) se produjo en enero de 2015. Ya en ese momento, la decisión adoptada por el Poder Judicial dio lugar a dos votos particulares de seis vocales críticos con el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. En el mismo proceso de elección, además de Pasqual del Riquelme y Pilar Alonso, estaba Andrés Pacheco, hasta hace unas semanas presidente de la Audiencia Provincial.
Los citados vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideraron dicha decisión como «una discriminación en razón de su sexo» contra la aspirante femenina y señalaron que aquella decisión «bordea la arbitrariedad».
No es la primera vez que el Supremo tiene que decidir sobre Miguel Pasqual del Riquelme. El Alto Tribunal archivó recientemente una querella que Podemos y dos abogados presentaron contra tres magistrados del TSJ de Murcia, entre ellos su presidente, además de contra su predecesor en el cargo, el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Martínez Moya, y un tercer magistrado, Enrique Quiñonero.
Los querellantes entendían que los magistrados cometieron prevaricación cuando remitieron a un juzgado ordinario una querella que la Fiscalía presentó contra trece personas, entre ellas el aforado Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de la Comunidad.
Aquella querella, por supuestos delitos de prevaricación y malversación estaba vinculada con las obras de un auditorio en Puerto Lumbreras, del que fue alcalde Pedro Antonio Sánchez, que costaron 6 millones de euros y que no se habían terminado.
El Tribunal Superior de Justicia admitió a trámite el asunto y reconoció la existencia de numerosos indicios de criminalidad, según dice Podemos, pero luego envió todo el procedimiento al juzgado de instrucción de Lorca, contando con el voto particular de un magistrado y con el recurso del ministerio fiscal.
La decisiones de enviar el caso de vuelta a los juzgados de Lorca y rechazar el recurso del fiscal superior de la Comunidad son las que, según Podemos, constituyeron prevaricación, un delito que rechazó el Alto Tribunal que ahora ha anulado el nombramiento de Miguel Pasqual del Riquelme.
