Esta misma semana se publicaba, tras meses de espera, el II Convenio Colectivo del Personal Docente e Investigador Contratado Laboral de las universidades públicas de la Región, un hecho aplaudido por los sindicatos con representación en dichas instituciones públicas. Sin embargo, según denunciaron ayer CC OO, UGT, CSIF, SIME y STERM en un comunicado conjunto, «nuestra alegría se ha visto empañada porque, tras la firma del convenio, la consejería de Educación y Universidades nos ha sorprendido con la propuesta de aprobación de un nuevo decreto que obliga a modificar de forma sobrevenida el recién publicado convenio colectivo, dejando sin efecto las mejoras conseguidas en virtud de la negociación de los sujetos legitimados». Según explicó a esta Redacción Ernesto de la Cruz Sánchez, responsable del Sector Universitario de FETE-UGT, con esta normativa «se pretende burlar el derecho de las personas trabajadoras a la negociación colectiva».

En este sentido, manifestó que lo que los sindicatos reclaman desde hace tiempo es «una buena ley de Universidades en la Región y no un decreto que pretenda controlar los derechos laborales del personal, ya que, entre otras cosas, no es competencia de la Comunidad». Por otro lado, los sindicatos mantienen que esta actuación, además, «refleja una falta de democracia participativa, pues, en la elaboración del borrador del decreto, en ningún momento se ha contado con las organizaciones representativas de este colectivo, ignorando su derecho de participación institucional en este ámbito, que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical, forma parte del contenido de la libertad sindical».

A todo esto, según las mismas fuentes, se une que la Consejería «sigue incurriendo en esta grave vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical al convocar una comisión técnica, señalada para el próximo 12 de abril, para trabajar en el borrador, a la que no se nos ha invitado». Por todo ello, los sindicatos solicitan una reunión con carácter urgente a la consejera María Isabel Sánchez-Mora para que «paralice esta iniciativa normativa que vulnera los derechos constitucionales mencionados».

Ante la denuncia formulada por los colectivos, según fuentes de la consejería de Educación y Universidades, «para que el convenio colectivo firmado hace unas semanas pueda aplicarse en su totalidad es necesaria la modificación del todavía vigente decreto sobre régimen jurídico del profesorado contratado». Por ello, dichas fuentes mantienen que «no es cierto» que los sindicatos no estén representados en este proceso dado que en la presentación del borrador de decreto, el cual es un documento inicial de trabajo, estuvieron presentes dos representantes sindicales de ambas universidades públicas, a los cuales se les solicitó las aportaciones que considerasen necesarias. Asimismo, explican que «también pueden hacer sus aportaciones a la mesa técnica de trabajo que se ha creado a tal fin».

En este sentido, desde la Consejería afirman lamentar que los sindicatos «no hayan entendido ni los motivos por los que se debe promover este decreto, para que las universidades públicas puedan aplicar su convenio colectivo, ni la invitación a participar en la elaboración del mismo».

«No obstante, dicha invitación sigue vigente para que realicen las aportaciones al documento de trabajo que consideren necesarias», añaden.