Entrevista
Consejo General de Dentistas de España y de la Región 

Óscar Castro Reino: "Dejar un tratamiento dental a medias es un delito contra la salud"

17.02.2016 | 04:00
Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas.

Denuncia que "este modelo que antepone el negocio a los pacientes" solo se da en España

¿Le ha sorprendido la nueva operación policial contra una cadena de clínicas dentales?

En absoluto, porque llevábamos avisando durante mucho tiempo de que esto podía pasar. Ha pasado. De momento, solo conocemos que se ha producido una intervención judicial, por lo que hay que tener precaución. La pasada semana se produjo otra operación contra otra de estas cadenas de franquicia. Yo advertí de que podía no ser la última. En el caso anterior, el dueño ya está en la cárcel, la cadena echó la persiana y los pacientes se han quedado sin su tratamiento y sin su dinero. A ver qué pasa ahora.

¿Qué le recomienda a los pacientes de estas cadenas que ahora pueden estar asustados ante lo que pueda pasar?

Que comprueben muy bien que el tratamiento que contrataron esté garantizado una vez que lo han pagado. En caso contrario, que exista el riesgo de que el tratamiento se quede a la mitad, deben asegurarse de que no se seguirá pagando, que no tendrán luego a una financiera detrás de ellos exigiéndoles que paguen por un servicio que no han recibido.

Llevaban tiempo advirtiendo de este tipo de negocios...

Nosotros no personalizamos en ninguna franquicia concreta, pero ese modelo empresarial antepone el negocio, los intereses económicos, a la salud de los pacientes. Y esto solo ocurre en España, en ningún otro sitio de Europa. Llevamos años pidiendo un cambio en la estructura de estas cadenas, de manera que sean los profesionales los que las dirijan, y no empresarios, ya que estos, por sistema y por definición, lo que quieren es ganar dinero optimizando gastos. Si pagas poco a tus dentistas y utilizas materiales de segunda categoría, vas a tener un beneficio más elevado. Sucede como con las cadenas de restaurantes de comida rápida. Lo envuelven todo en publicidad, en una gran propaganda, pero los contenidos y los tratamientos no son los adecuados.

¿Qué pueden ofrecerle los colegios a los profesionales y usuarios afectados?

Los colegios profesionales estamos para denunciar estas cosas, y así lo hemos hecho, incluso en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Si hay un delito fiscal, que intervenga Hacienda. Si el delito es laboral, que intervenga la inspección de trabajo. Si los comerciales están manejando historias clínicas de los pacientes, debería intervenir la Agencia Estatal de Protección de Datos. Lo más grave en estos casos son los presuntos delitos de la salud, porque dejar un tratamiento a medias es un atentado contra la salud. Los colegios tenemos la competencia de denunciarlo y así lo hacemos.

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