Tribunales

El fiscal pide cuatro años y seis meses de cárcel para Alvarado por La Zerrichera

También solicita un pena de cuatro años de prisión para el exsubdirector Juan Ignacio Gelabert

23.12.2015 | 23:48

El fiscal pide cuatro años y seis meses de prisión para el exdirector general de Calidad Ambiental Antonio Alvarado por la reclasificación de terrenos protegidos de La Zerrichera, en los que se proyectaba una urbanización con miles de viviendas y varios campos de golf en el municipio de Águilas. En su escrito de acusación el fiscal propone la apertura de juicio oral tras un proceso que lleva diez años en los tribunales
Al exalto cargo de la consejería de Medio Ambiente lo considera «autor de un delito continuado de prevaricación por emisión de la declaración de impacto ambiental e inductor o cooperador necesario en la aprobación definitiva de la reclasificación del proyecto» y de «falsedad en documento público».

La pena solicitada para Juan Ignacio Sánchez Gelabert, que era jefe de servicio de la dirección general de Calidad Ambiental, se queda en cuatro años.

Aunque también acusa a Encarna Muñoz, que fue directora general del Medio Natural, de un delito continuado de prevaricación, propone para ella la inhabilitación para cargo público durante un periodo de diez años.

Para el exdirector general de Urbanismo Manuel Alfonso Guerrero y el exsubdirector general del mismo departamento José María Ródenas pide ocho años de inhabilitación por prevaricación.

En su escrito de acusación el fiscal recuerda que la Unión Europea había concedido a la consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente en 2002 una subvención para la conservación de la zona de especial protección de aves (ZEPA) denominada Sierra de Almenara, Las Moreras y Cabo Cope, dento de la cual se encuentran los terrenos de La Zerrichera, al tratarse de un espacio que acogía a poblaciones de águilas en peligro de extinción en la Región.

El ministerio Público añade que «la triple protección medioambiental, urbanística y territorial» del suelo llevó al exdirector general del Medio Natural Carlos Brugarolas a rechazar cualquier actuación urbanística, al considerar que sería «incompatible con la conservación de los valores naturales de la zona». Este informe dio pie a que el ayuntamiento de Águilas archivara en diciembre de 2005 el proyecto que había presentado el empresario Trinitario Casanova, presidente entonces del Grupo Hispania y promotor de la urbanización.

Sin embargo, el fiscal sostiene que Antonio Alvarado y Encarna Muñoz consiguieron reactivar el proyecto, contando con la colaboración de Juan Ignacio Sánchez Gelabert, jefe del servicio de Calidad Ambiental, y forzaron «de modo arbitrario e ilógico la apertura de un expediente de reclasificación urbanística municipal a fin de poder dictar una evaluación de impacto ambiental» y de utilizar artimañas para sacar adelante la tramitación.

A Manuel Alfonso Guerrero y a José María Ródenas los responsabiliza de elevar al entonces consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, la orden por la que se aprobaba definitivamente la modificación del Plan General de Águilas «para calificar como suelo urbanizable sectorizado terrenos del paraje de La Zerrichera». Añade que el consejero desconocía «la injusticia y arbitrariedad de la decisión».

Tras la aprobación definitiva del proyecto en el ayuntamiento de Águilas y con los terrenos ya vendidos por el Grupo Hispania, el entonces director de Calidad Ambiental tuvo conocimiento de las denuncias presentadas por la vía penal y envió una nueva notificación al Consistorio dando «carpetazo» al asunto y diciendo al alcalde que era necesario aprobar previamente el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Almenara.

Antonio Alvarado está imputado también en el caso Novo Carthago, por la recalificación de terrenos juntos al Mar Menor, mientras que José María Ródenas tuvo que dimitir hace un año por el caso El Roblecillo de Caravaca.

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