«Teniendo en cuenta las manifestaciones contenidas en este informe y el dictamen del Consejo Jurídico aportado por el Consejo de Gobierno con el Proyecto de Ley de Presupuestos, esta secretaría general no encuentra objeción alguna que impida la tramitación del Proyecto del Ley Presupuestario para 2016 por la Cámara». Polémica zanjada. Los servicios jurídicos de la Asamblea emitieron al mediodía de ayer el informe que habían solicitado PSOE y Podemos sobre la legalidad de la operación realizada por el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez, que basándose en un informe del Consejo Jurídico aprobó y envió a la Cámara el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad sin tener previamente ratificado por el legislativo el techo de gasto que le obliga a presentar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012.

Así, la Mesa de la Asamblea Regional tendrá que admitir en su reunión de hoy el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2016, y más tarde la Junta de Portavoces deberá ponerse de acuerdo para elaborar el calendario de comparecencias de los consejeros para explicar las cuentas de sus respectivos departamentos, así como la apertura de los plazos para presentar enmiendas y el resto de trámites parlamentarios.

Y ahí vendrá otro lío, porque el Grupo Parlamentario Popular quiere que las cuentas públicas queden aprobadas antes del 31 de diciembre, aunque haya que trabajar durante la campaña electoral (durante la que se interrumpe el periodo legislativo), mientras que los partidos de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) se decantan por iniciar el debate en diciembre, pero que el trámite continúe en enero, sin suspender la campaña electoral del 20D.

El informe, de once páginas y firmado por la letrada secretaria general de la Asamblea, otros dos letrados y la directora de la Oficina Presupuestaria, recuerda que, en virtud de la Ley del Consejo Jurídico, «le está legalmente vedado a los servicios jurídicos de esta Cámara» emitir pronunciamiento alguno sobre decisiones del órgano que preside Antonio Gómez-Fayrén. Los servicios jurídicos de la Asamblea, aludiendo a doctrina anterior sobre este asunto, reflexionan sobre el techo de gasto. Y señalan que «la exigencia del techo de gasto no financiero representa un intento de condicionar a la Asamblea Regional imponiendo una previa disciplina a la consideración del Presupuesto».

Para ocasiones futuras, y basándose en estudios sobre la materia, se propone que la votación del techo de gasto se una «con la de las cuantías globales de los estados numéricos (ingresos y gastos) que hoy día se produce al inicio de la tramitación parlamentaria. Insta a que el debate sobre el techo de gasto se incluya cuando se discutan las enmiendas a la totalidad del Presupuesto.

La portavoz del Ejecutivo, Noelia Arroyo, indicó que lo más apropiado para los Presupuestos de 2016 es tramitarlos y aprobarlos este diciembre, ya que los compromisos del Gobierno con universidades, dependientes o familias desfavorecidas no son posibles si se prorrogan los de 2015.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, señaló que el informe «da tranquilidad» a la Cámara, pues ya sabe con seguridad que no se va a producir ningún error de procedimiento».