La extensa documentación que ha acumulado el fiscal encargado de investigar los contratos de la desaladora de Escombreras, José Luis Díaz Manzanera, se ha ampliado con una querella presentada por un promotor inmobiliario de Totana. El empresario gallego Manuel Núñez, que firmó un convenio urbanístico ya anulado con este Ayuntamiento, acusa al expresidente del Gobierno regional Ramón Luis Valcárcel, a los exconsejeros Joaquín Bascuñana, Antonio Cerdá, Fernando de la Cierva y José Ballesta, ahora alcalde de Murcia, y al actual consejero de Fomento, Francisco Bernabé.
En total hay doce querellados, a los que responsabiliza de la compra de los caudales de la desaladora al grupo ACS mediante un entramado societario que cuesta 13 millones anuales a la Comunidad y de aprobar las recalificaciones de terrenos que se escudaron en el agua desalada de Escombreras para sortear la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a autorizar los nuevos planes parciales por falta de caudales en la cuenca para ampliar el suministro con agua del Taibilla.
Manuel Núñez acusa a Valcárcel a sus exconsejeros de estafa, prevaricación, malversación de caudales públicos, delitos societarios y contra la ordenación del territorio, según informa la revista Interviú en su último número. En su querella recuerda que el contrato por 25 años con la constructora, perteneciente al grupo del empresarial del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, contemplaba un blindaje de 559 millones si llegaba a ser rescindido ante de cumplirse este plazo. En este momento la mayor parte de los caudales van destinados al regadío, dado que el pinchazo de la burbuja del ladrillo dejó varados casi todos los planes urbanísticos aprobados antes de la crisis.
En la querella aporta documentación sobre las irregularidades detectadas en los contratos con las empresas del grupo ACS, que ya están siendo investigadas por la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y una comisión parlamentaria de la Asamblea.
El promotor inmobiliario ha presentado la querella a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo que están anulando los planes urbanísticos de los consistorios que presentaban el convenio con el Ente Público del Agua, en lugar del certificado expedido por CHS confirmando la existencia de caudales disponibles para el abastecimiento, tal y como establece la Ley de Aguas.
De momento, el Supremo ha anulado los planes generales de Puerto Lumbreras y de Aledo, además del plan parcial que permitió la construcción de unas 1.500 viviendas en la urbanización Joven Futura de la pedanía murciana de Espinardo. El empresario Manuel Núñez prevé que el Supremo irá tumbando a partir de ahora la planificación urbanística del resto de los ayuntamientos que se acogieron al convenio con el Ente Público del Agua, lo que dará lugar a la anulación de todos los convenios firmados por estos consistorios y, por consiguiente, a la devolución del dinero que habían recibido de los promotores.
El abogado murciano Diego de Ramón, que presentó la primera denuncia en la Fiscalía en 2013, calcula que los 26 ayuntamientos tendrían que devolver unos 2.500 millones, lo que provocaría «una quiebra inevitable».
