Vivienda

Un acuerdo entre Madrid y Murcia evita que la Ley del Suelo llegue al Constitucional

La comisión bilateral entre el ministerio de Hacienda y la consejería de Fomento "lleva bien las negociaciones" sobre los apartados cuestionados y aseguran que el acuerdo será "inminente"

30.10.2015 | 04:00

Reacciones

  • Juan Guillamón. Diputado del PP y ponente de la ley
  • "Es una norma buena, resuelve las necesidades del sector y responde a sus expectativas; yo la defendí muy convencido"
  • María Giménez. Diputada regional de Podemos
  • "Fue un atraco a mano armada e impidió que participaran muchos agentes de la sociedad murciana;
    debe derogarse"
  • Juanjo Molina. Diputado regional de Ciudadanos
  • "Es necesario que se redacte otra ley para que podamos hacer nuestras aportaciones los nuevos grupos políticos"
  • José Hernández. Presidente de los promotores
  • "No entiendo cuando se dice que se hizo con celeridad, porque se estuvo tres años trabajando en ella; nosotros la aplaudimos"
  • Rubén Vives. Ecologistas en Acción
  • "Hay bastantes artículos cuya redacción deja mucho que desear, como se está demostrando; y dejó a importantes colectivos fuera"
     

La Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia, conocida como Ley del Suelo, que fue aprobada por la Asamblea Regional el pasado mes de abril, se va a librar del Tribunal Constitucional.

Al menos eso es lo que manifestaron ayer fuentes del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que indicaron que las negociaciones con la consejería de Fomento «van por buen camino y el acuerdo es inminente». Fomento fue más allá e indicó que ya «se han concluido los trabajos aclaratorios satisfactoriamente, por lo que se concluye que no progresará en el Tribunal Constitucional».

Aunque desde el Ministerio no se especifica qué es lo que se ha cambiado en la ley regional para no tener evitar el Tribunal, las mismas fuentes apuntaron que «como en toda negociación, se producen cesiones por ambas partes». Desde la consejería de Fomento, sin embargo, se añadió que en la Comisión «se han acordado algunas modificaciones en el estilo de la redacción para una mayor claridad del texto legal. De modo que no afectan al contenido del articulado; son exclusivamente retoques formales».

La Ley 13/2015 está siendo revisada desde el pasado mes de junio por una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado –ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas– y la Comunidad Autónoma –consejería de Fomento–, al considerar el Gobierno Central que hay apartados que podrían incumplir la Constitución (LA OPINIÓN, miércoles 28).

Esta comisión se crea siempre que una ley regional entra en conflicto con una estatal. Desde la Consejería comentaron que en este grupo de trabajo «se clarifican las competencias de ambas administraciones en el texto regional, y en nada afecta al modelo territorial definido normativamente».
Para Fomento, la ley fue aprobada legítimamente por el órgano parlamentario regional; siguió la tramitación prevista legalmente «y contó con un amplio consenso por parte de los agentes profesionales, empresariales y académicos y de expertos en la materia».

Que vuelva a la Asamblea
La diputada regional de Podemos, María Giménez Casalduero, apuntó que, independientemente de lo que concluya la Comisión Bilateral, la ley debe reformarse. «Fue aprobada con nocturnidad, sin permitir a todos los agentes sociales participar, como por ejemplo, a la Federación de Municipios», añadiendo que sólo contenta a un determinado sector empresarial. «Por ello se debe derogar y redactar de nuevo, esta vez con la participación de todo el mundo que no pudo opinar entonces», manifestó.

Juan José Molina, diputado de Ciudadanos, también defendió que la ley se retirara. «Nosotros vamos a solicitar que se revise, porque se aprobó demasiado deprisa, como demuestra el que haya estado en el punto de mira del Constitucional». Asimismo, indicó que C´s tenía a un grupo de expertos en urbanismo trabajando, «porque queremos incluir en una nueva nuestras aportaciones».

Rubén Vives, de Ecologistas en Acción, indicó que «se ha demostrado que se hizo con demasiada urgencia, cuando no había tal prisa, salvo que el PP se olía que iba a estar en minoría tras las elecciones». Como la oposición, Vives reclama una nueva ley.

No opinó lo mismo el presidente de la Asociación de Promotores de la Región, José Hernández, quien puntualizó que «en ningún momento se hizo con celeridad, porque se estaba trabajando en ella tres años». Hernández reconoció que no es una ley perfecta, pero «había que centrarse en una norma que regulara la situación real y actuar en suelos urbanizables para convertirlos en urbanos, en lugar de ampliar los urbanizables». Y destacó que «es una ley práctica y que no daña a ningún colectivo.

Desde el PP, el diputado regionaly ponente de la ley, Juan Guillamón, destacó que era «buena» y que resuelve los problemas que tenía el sector, porque «simplifica mucho la resolución de los expedientes urbanísticos». En su opinión, «sería un disparate cambiarla ahora; hay que mirar hacia adelante».

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