«Ahora lo que espero es una resolución del juez que refleje que mi defendida no tiene responsabilidad penal en este asunto». Así de seguro se mostró Joaquín Ortega, letrado de Reyes Samper, la exdirectora del Instituto de Fomento de la Región de Murcia que fue obligada a dimitir tras verse implicada en el caso Púnica. Samper y los otros dos exaltos cargos regionales imputados -Mariola Martínez y José Fidel Saura- comparecieron en la Audiencia Nacional para dar explicaciones sobre un contrato de 24.000 euros que empresariosde la trama firmaron con el Instituto de Turismo para promocionar la marca turística de la Región en Gran Bretaña. Les acusan de prevaricación, fraude y malversación.

«Reyes Samper ha ratificado lo que ya declaró ante la Guardia Civil en noviembre y en el escrito de alegaciones. El Info no firmó ni negoció ningún contrato con la trama. Ese contrato no pasó por sus manos», señaló Ortega, que se mostró satisfecho de cómo había transcurrido la comparecencia, que duró 40 minutos.

También estaba contenta Mariola Martínez, exdirectora del Instituto de Turismo, a quien interrogaron sobre el procedimiento administrativo que se siguió para la firma del contrato con el empresario Alejandro de Pedro y por qué estaban interesados en el posicionamiento de la marca de la Región en Gran Bretaña. «Así nos lo había pedido el sector», señaló Martínez, quien recordó que «el 30% de nuestros turistas proceden de las islas británicas». La exdirectora, que ya ha realizado los trámites para regresar a su puesto de maestra en un colegio tras su salida obligada de la política, destacó el trato amable que recibió del juez Eloy Velasco, a quien, al final de su declaración, solicitó «que me saque de este proceso».

El tercero que declaró fue José Fidel Saura, que fue jefe de gabinete del consejero Juan Carlos Ruiz, representado por el abogado Francisco Luis Valdés. El juez se interesó por sus competencias dentro del equipo de la Consejería y por la capacidad que él tenía para adjudicar contratos, según señalaron fuentes judiciales.

Una vez que han prestado declaración, los tres imputados quedan a la espera de que el juez Velasco decida sobre su situación judicial. En principio, los letrados se mostraron optimistas, aunque la Justicia lleva sus tiempos, tal y como recordó el abogado Joaquín Ortega. Las diligencias son secretas y el proceso, en lo que respecta a estos ex altos cargos murcianos, podría alargarse durante unos meses más.

Saura, Samper y Martínez fueron obligados a dimitir tras ser imputados en el caso, en aplicación de la doctrina Garre, que no permite que haya imputados en la Administración. Juan Carlos Ruiz no cubrió sus cargos esperando a la declaración de ayer. Ahora tendrá que decidir qué hace con las vacantes en su Consejería.