La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Murcia acordó ayer abrir diligencias informativas, para conocer la participación o no de tres letrados en la causa sobre supuestos casos de prostitución de menores de edad que se destapó la semana pasada en la Región de Murcia. Explica el Colegio que toma esta decisión «a fin de dar cumplimiento a las competencias que en materia deontológica tiene atribuida dicha Corporación», para lo que ha remitido oficio al Juzgado de Instrucción que investiga los hechos

En caso de que el Juzgado confirmase la implicación de abogados, la Junta de Gobierno estudiará la apertura de expediente disciplinario contra los mismos, según informaron fuentes del Colegio en un comunicado. Tramitado el procedimiento, y si son condenados en una sentencia, los letrados podrían ser suspendidos del ejercicio de la abogacía, de conformidad con lo previsto en el Estatuto General de la Abogacía.

En la investigación en la que estos tres letrados están presuntamente implicados hay otros doce ciudadanos más -de entre 40 y 80 años y entre los que hay también empresarios-. Todos ellos tienen un grave problema tras descubrir la Policía Nacional que contrataron expresamente a mujeres menores de edad para mantener relaciones sexuales con ellas. Estos servicios les ofrecía la moderna red de prostitución desmantelada en la Región por los agentes del Grupo de Menores de la Brigada de Policía Judicial y de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior.

Los quince clientes fueron detenidos por la Policía, junto a otras catorce personas que captaban a jóvenes en un colegio, discotecas y anuncios a través de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio. La red estaba dirigida por tres mujeres y los maridos de dos de ellas, que eran los propietarios de los pisos-prostíbulo en los que se explotaba sexualmente a las jóvenes. Un segundo nivel de la red estaba formado por las cinco personas que se encargaban de contactar con las chicas, normalmente a través de Internet -en los anuncios de chicas se ofrecían para trabajar cuidando niños y ancianos-, y en las discotecas de ambiente latino. Les decían que se iban a dedicar a dar masajes. A otras las captaban en un colegio de Murcia, a través de las propias prostituidas, que corrían la voz de esta forma de ganar dinero rápido y fácil entre sus compañeras de clase. Otras cuatro personas detenidas trasladaban a las jóvenes a los domicilios donde se citaban con los clientes.

Las doce víctimas menores de edad tenían entre 14 y 17 años. Cuatro de ellas eran españolas, mientras que el resto eran de procedencia sudamericana. Los clientes pagaban entre 80 y 200 euros por sus servicios, según precisó Navarro.