El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto aprobado por el Gobierno el pasado junio que fija el nuevo esquema retributivo para las energías renovables, cogeneración y residuos, lo que supone un recorte de unos 1.700 millones de euros para este año. Esta reforma ha perjudicado a miles de inversores murcianos y empresas que instalaron plantas solares que ahora no generan la rentabilidad necesaria para costear su financiación.
En tres autos el Alto Tribunal rechaza así los primeros recursos que interpusieron otras tantas empresas contra esta normativa, así como contra la orden de 16 junio en la que se aprobaban los parámetros retributivos de las instalaciones.
