El acuerdo suscrito entre el Gobierno regional y la exconcesionaria de Corvera para la rehabilitación del contrato del aeropuerto contempla una especie de 'peaje' que la sociedad Aeromur pagaría en función del número de pasajeros que utilizaran la terminal desde su apertura hasta el año 2023, según explicó ayer el consejero de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, Manuel Campos. En declaraciones a Onda Regional, Campos precisó que las expectativas de ocupación durante los próximos diez años se han rebajado prácticamente a la mitad, dado que los doce millones previstos cuando se adjudicó la concesión han quedado reducidas seis o siete millones de usuarios, lo que equivale a unos 600.000 al año, la mitad que los que tiene San Javier. Durante los diez primeros años la sociedad pagaría un interés fijo por viajero. Desde 2023 hasta 2050 abonaría un tipo variable situado dos puntos por encima del Euribor. El promedio que espera obtener la Comunidad ronda el 4,87%.

Campos avanzó ayer que el aeropuerto de Corvera podría abrir entre septiembre y diciembre, si se cumplen «los objetivos» del plan que está siguiendo en este momento, que pasan por que el crédito participativo «sea considerado compatible» y que, a la vista de esa compatibilidad, la concesionaria obtenga el préstamo para liberar a la Comunidad del aval de los 182 millones.

Se ha hecho un plan económico-financiero nuevo que se ha aportado en el expediente que la Comunidad envió a Bruselas, y ya no se habla de un flujo de pasajeros 2014-2023 de 12 millones de usuarios, sino de seis o siete millones, que «es algo más realista». Defiende además que «se ha adecuado todo a los parámetros de la legislación europea». En el ámbito jurídico Campos señaló que «no hay ningún problema», porque el decreto del secretario judicial dice que «el procedimiento se paraliza 60 días, sin perjuicio de que se activen provisionalmente las actuaciones hasta que transcurra el plazo de caducidad en instancia». Su plan es el siguiente: «Paralización del procedimiento principal en el que se adoptaron las medidas cautelares, tramitación de la documentación en Bruselas, decisión de Bruselas sobre compatibilidad, liberación a la Comunidad de los 182 millones y, en cuanto el crédito participativo esté aprobado por ley y avalado por Madrid, que lo va a estar, iríamos a la rehabilitación del contrato», señaló.

Explicó que el préstamo participativo tiene un doble objetivo, por un lado que la concesionaria obtenga crédito de las entidades bancarias privadas para liberar a la Comunidad de los 182 millones y, segundo, obtener una ayuda al funcionamiento. Precisó que el crédito que obtenga la concesionaria de las entidades privadas no está sometido al control de la Comisión. Lo que sí está sometido al control de la UE es el crédito participativo, que es reembolsable a la Comunidad Autónoma durante el periodo de la concesión. Por tanto, avanzó que la concesionaria obtendría la ayuda suficiente para obtener crédito, liberar a la Comunidad del montante del aval, poner en funcionamiento el aeropuerto y, luego, en el periodo 2014-2023, iría abonando un tramo de interés fijo en función del flujo de pasajeros.

A lo largo de la concesión, Aeromur devolvería esos 177 millones de euros, que en 2050 serían 200 millones que recobraría la Comunidad «en su totalidad». Desde 2012 y hasta 2050 que concluiría la concesión, pagaría un interés variable cifrado en el 2% más el euribor, por lo que el interés total del crédito participativo es del 4,87%, con lo que Campos cree que «está dentro de la línea de crédito del mercado», y confía en que la Comisión «lo considere compatible». Con lo cual, destaca que «podríamos tener en 2050 un aeropuerto de titularidad pública de la Comunidad que no hubiera costado ni un céntimo a los murcianos».

Reiteró que el préstamo participativo «tiene que ser declarado compatible con la legislación europea en materia de competencia».