El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite e investiga la denuncia del CSIF contra el plan de redistribución de efectivos que ha supuesto el traslado de funcionarios desde los puestos con menos carga de trabajo a otras plazas. El presidente regional del sindicato en Murcia, Juan Miguel López Blanco, aseguró ayer que esta institución ha pedido información a la Comunidad Autónoma sobre el plan que está aplicando el Ejecutivo y que ha supuesto el cambio de destino de varios cientos de empleados públicos.

El sindicato espera ahora una resolución de la institución que dirige Soledad Becerril para reclamar daños y perjuicios e incluso acudir a la vía judicial en caso de que se le dé la razón, al considerar que se ha incumplido la normativa vigente, que, a su juicio, obligaría a respetar criterios como la antigüedad.

López Blanco presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo el pasado mes de diciembre, en la que criticaba que «la Administración ha podido utilizar el proceso de redistribución de efectivos de manera arbitraria, favoreciendo o perjudicando a determinados empleados públicos sobre otros, o trasladando a aquellos funcionarios que les resultan molestos al político de turno por no compartir controvertidas decisiones políticas y administrativas».

Como ejemplo, el sindicato alude a «los intentos por parte de la Administración de redistribuir a los representantes sindicales de CSIF sin ningún tipo de criterio legal». López Blanco añadió que entre los funcionarios trasladados de puesto «hay personas que están enfermas y que no se encuentran en condiciones de cumplir las tareas que se les ha asignado en su nuevo destino. Recordó que CSIF y el resto de organizaciones sindicales han solicitado a los responsables de la dirección general de Función Pública que «faciliten los listados con la antigüedad en cada cuerpo de los empleados públicos que han sido reubicados o van a ser redistribuidos, para que las organizaciones sindicales y los empleados públicos podamos esclarecer que en el citado proceso de redistribución de efectivos no se ha estado vulnerando ningún derecho».

Apuntó que la resistencia de la dirección general a entregar los listados que se le han solicitado «no hace más que incrementar las sospechas que se han cometido irregularidades por parte de sus responsables». Tras la admisión de la denuncia, los servicios jurídicos de CSIF «han iniciado la vía judicial mediante reclamaciones individualizadas de perjudicados en la redistribución de efectivos. Vamos a solicitar que a los perjudicados se les devuelva a su puesto original de trabajo y que se les compense económicamente por los daños y perjuicios ocasionados». Además, la organización ha solicitado a los grupos políticos representados en la Asamblea Regional y a los partidos de la Región que «inicien una investigación».

El director general de la Función Pública, Enrique Gallego, respondió que cuando se pone una denuncia ante el Defensor del Pueblo es normal que investigue y recabe información a la Administración, pero aseguró que el proceso de reubicación «ha sido ejemplar, e incluso hay comunidades interesadas en copiar lo que se ha hecho en Murcia».