El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha dicho hoy en la Asamblea Regional que no descarta que se retomen con el Gobierno que salga de las elecciones del 20 de noviembre las transferencias de justicia que no han asumido como consecuencia de la crisis.
Campos, que ha comparecido en la Cámara a petición del grupo socialista, ha explicado que el Gobierno autónomo decidió en diciembre del año 2010 no hacer efectiva la transferencia de estas competencias tras conocer que el pago único por la Administración Central se condicionaba a criterios de déficit y al informe preceptivo y favorable del ministerio de Hacienda.
Ha dicho también que en la actualidad no es previsible que se asuman las competencias de Justicia "en tanto no se derogue esa disposición de los presupuestos y se aporten los fondos necesarios para el funcionamiento de la oficina judicial".
El consejero se ha referido también a la vigencia anual de los presupuestos del Estado y ha añadido que será reivindicativo con el futuro Gobierno de España para obtener "un pago único sin que se condicione a ningún criterio".
Ha agregado que, además, espera que el nuevo Gobierno aporte los recursos necesarios "para el perfecto funcionamiento de la oficina judicial".
El coste efectivo de las transferencias de Justicia superaba los 70 millones de euros, se contemplaba como refuerzo un pago único de más de cuatro millones de euros y un millón de euros para inversiones para mejoras en el sistema informático.
La Comunidad Autónoma decidió, cuando ya estaba cerrado el acuerdo, dejarlo en suspenso porque el Ministerio de Hacienda no garantizaba los pagos si la administración regional no alcanzaba el objetivo de estabilidad.
El diputado socialista Francisco Abellán ha valorado el trabajo realizado por el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma para que la justicia en la Región se situase en la media española, tras lo que ha recordado que no se ha podido materializar la transferencia por el déficit y la deuda de la Comunidad Autónoma.
Abellán ha propuesto al consejero, con independencia de la asunción o no de las competencias, que se elabore el Plan Estratégico de Justicia para la Región, tal y como solicita el Tribunal Superior de Justicia con el objetivo de determinar el modelo de justicia que necesita la Región.
El diputado de IU, José Antonio Pujante, ha reprochado al Gobierno regional el nombramiento de un consejero de Justicia, Manuel Campos, antes de tener completamente cerrado el proceso, y ha añadido que está a favor de que se materialice la transferencia siempre que suponga una mejora de la administración de Justicia en la Región.
La diputada del PP Severa González ha calificado de "dardo envenenado" la condición impuesta por el Ministerio de Hacienda para que el Gobierno regional asumiera las competencias, y ha comentado que "esa condición no se ha puesto a ninguna otra Comunidad Autónoma".
