El fiscal acusa al jefe de Urbanismo de Murcia de ganar 600.000 euros bajo mano

Así, el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra salió en libertad provisional tras hacer frente al pago de 70.000 euros; el abogado Higinio Pérez Mateos tuvo que asumir el pago de 100.000 euros; y el ingeniero de Caminos y promotor inmobiliario Renato de Noce, a 120.000 euros. Todos ellos están implicados en una operación de supuesta corrupción en el municipio de Murcia, relacionada principalmente con la explotación urbanística de la zona norte y con la rehabilitación del Casino, en la calle Trapería, según indicaron ayer a esta redacción fuentes cercanas al caso.

Alberto Guerra fue el primero en salir. Desaliñado, con cara de circunstancia y una mirada de cansancio abandonó el Palacio de Justicia arropado por sus abogados. El director de la Gerencia de Urbanismo no quiso responder a la prensa, al igual que su letrado, Jaime Peris. Ambos se dirigieron rápidamente hacia un coche que les estaba esperando a las puerta de las dependencias judiciales. Tuvieron incluso que pegarse a la pared del edificio ante la nube de periodistas, cámaras y fotógrafos que estaban apostados en la puerta cuando salieron pasadas las diez y media de la noche.

El segundo en salir era Renato del Noce, que lo hizo solo y corriendo hacia un taxi que le esperaba en el quiosco de la ONCE situado a las puertas del Palacio. Higinio Pérez Mateos fue el último. Lo hizo con una bolsa deportiva en la mano y andando hacia el callejón existente entre el Palacio de Justicia y el Hotel Siete Coronas. Pérez Mateos se limitó a asentir cuando los periodistas le preguntaron «si era importante la libertad para él». A esa hora, sobre las once de la noche, concluía una extenuante jornada en el Palacio de Justicia que había comenzado a las nueve de la mañana, cuando los tres procesados entraron en dos vehículos al recinto del edificio.

Una hora después comenzaba la primera declaración, de Renato de Noce, que estaría durante dos horas y media ante el juez. Posteriormente le llegaría el turno al abogado detenido, quien declaró hasta cerca de las tres y media de la tarde. Una hora más tarde se reanudaron los interrogatorios con Alberto Guerra sentado ante el juez. Su declaración iba a prolongarse hasta entrada la noche, pasadas las nueve.

Las medidas impuestas por el titular del Juzgado, David Castillejo, varían de las solicitadas por el fiscal anticorrupción, quien pidió que no se le diera a De Noce la posibilidad de eludir la prisión. Asimismo, solicitó la imposición de finanzas más elevadas para los otros dos detenidos: 125.000 para Guerra y 240.000 para Pérez Mateos.

En esta operación, iniciada hace un año y medio por la Fiscalía a raíz de una denuncia del partido socialista, se investigan presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros. De hecho, las fuentes consultadas por esta redacción subrayaron la coincidencia de varias tramas en el marco de la investigación.

Así, por un lado, desligaron del resto de actuaciones unas supuestas actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el número dos de Urbanismo y el abogado Pérez Mateos. Dichas actividades supusieron para cada uno de los dos acusados un beneficio de al menos seiscientos mil euros, según las conclusiones de los agentes que han llevado las investigaciones. En este apartado es donde los investigadores encuentran la responsabilidad de Fernando Berberena, el concejal de Urbanismo imputado en la causa.

Por otra parte, un capítulo importante de las actuaciones de la UCO gira en torno a la rehabilitación del Casino y a la compensación derivada hacia la sociedad que la lleva cabo. En este apartado están involucrados principalmente Renato de Noce e Higinio Pérez Mateo. Según las conclusiones de la investigación, ambos se encargaban de realizar facturas falsas para justificar gastos sobre trabajos que no habían realizado. De este modo, al inflar los gastos aumentaba también la compensación que recibían por parte del Ayuntamiento, una compensación que incluía la posibilidad de construir más viviendas en la citada zona norte de Murcia.

Para los investigadores, la demostración de este fraude es tan evidente como las facturas falsas que encontraron en los registros realizados en la ciudad el pasado martes.

Por último, los agentes de la Guardia Civil centran sus investigaciones en demostrar que desde Urbanismo se infravaloraron de forma intencionada los terrenos en la zona cercana a Nueva Condomina. Con ello se daba un trato de favor a las empresas que construían allí a la hora de hacer frente al pago al Ayuntamiento del diez por ciento en concepto de urbanización. Del mismo modo, también insisten en el trato de favor concedido a la hora de recalificar unos terrenos que fueron adquiridos por precios irrisorios en comparación con los que alcanzaron una vez concluida la intervención municipal. Es en este apartado donde se vincula al empresario y dueño del Real Murcia Jesús Samper, que aparece entre los imputados.

Los otros tres imputados en la causa son el empresario Francisco Arqués, el ex jefe de Planeamiento de Urbanismo Joaquín Peñalver y la esposa de Guerra, Isabel Fernández.

Después de los registros realizados por los agentes de la Guardia Civil, a través de la Unidad Central de Operaciones (UCO), ayer la actividad se trasladó a los juzgados.

De Noce ya estuvo imputado en el caso Barraca, en el que el principal implicado es el ex número tres de Urbanismo y ex jefe de Planeamiento de la Gerencia, Joaquín Peñalver.

Alberto Guerra e Higinio Pérez Mateos son profesores de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia e imparten en el II Máster en Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente.

En el marco de esta investigación, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaron a cabo ayer registros en despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre ellos en la vivienda del promotor de Nueva Condomina y presidente del Real Murcia, Jesús Samper, además de en la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia.

En el caso está imputado el concejal de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, por un presunto delito de prevaricación, así como el presidente del Real Murcia, Jesús Samper; la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, entre otros.

Las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos, a partir de 2001 y hasta 2005, que modificaban la calificación del suelo de esta zona.

Con esta modificación, la edificabilidad pasaba del 0,09 al 0,5m/m2, con lo que, en lugar de las 5.000 viviendas proyectadas en un principio, se daba luz verde a la construcción de alrededor de 25.000 inmuebles.

En 2007, el PSOE denunció que en estos convenios, el entonces jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver, ahora imputado en la causa, había hecho una valoración de los terrenos muy por debajo de su coste real, lo que implicaba una pérdida para el consistorio de 783 millones de euros.

A este respecto, el ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, ha señalado que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en sentencias de 2005 y 2006, y el Tribunal de Cuentas, en una de 2009, dictaminaron la inexistencia de irregularidades y de responsabilidad contable, respectivamente, en el desarrollo urbanístico de la zona norte.

El primero de estos convenios fue el de Nueva Condomina, aprobado por el pleno del ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003 y en abril de 2004 el Consejo de Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó la reparcelación de Nueva Condomina, una finca de 2,1 millones de metros cuadrados.

Este plan parcial provocó la sustitución del entonces concejal de Urbanismo Ginés Navarro, contrario al cambio, por Fernando Berberena, ahora imputado también en la causa y que hoy ha puesto su cargo a disposición del partido.

Sport Management era la empresa promotora de Nueva Condomina y propietaria del Real Murcia club de fútbol, cuyo presidente, Jesús Samper, era uno de sus socios.