Uno de los implicados en la presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Librilla, José Luis Cano, perdió la vida el pasado jueves en un accidente de tráfico. Cano, de 50 años y que estaba considerado como uno de los organizadores de la red, falleció tras estrellarse contra la mediana de la autovía cuando se dirigía con su moto a ver a su abogado, Francisco Valdés.

"Me sorprendió que no viniera al despacho a la hora fijada porque era una persona muy puntual -señaló ayer el letrado-, pero no le di más importancia porque sabía que tenía a un familiar en el hospital y pensé que habría tenido alguna complicación". Cano falleció sobre las siete y media del pasado jueves, después de que la motocicleta que conducía chocase contra la mediana de la autovía A-30, a la altura de la salida de El Palmar hacia Alcantarilla.

Ahora, la única consecuencia legal para la investigación será la extinción de la posible responsabilidad penal -no la civil- que pudiese tener José Luis Cano. Su presencia en la presunta trama de cobro de comisiones ilegales, no obstante, fue la que determinó la competencia del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia. Este juzgado, dirigido por el magistrado Andrés Carrillo, se hizo cargo del caso por la condición de funcionario de la Comunidad Autónoma de Cano.

Su desaparición, por tanto, podría significar el regreso del asunto a un juzgado de Totana. Este escenario, sin embargo, fue calificado ayer de "muy poco probable e ilógico" por fuentes judiciales".

Cano Valverde fue, hasta junio de 2007, jefe del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de Murcia. En noviembre de 2008, fue detenido y encarcelado cerca de quince días por su supuesta implicación en la presunta trama. A principios de este año, Cano se había reincorporado a la Comunidad Autónoma tras cumplirse el periodo de excedencia del que había disfrutado, aunque en un puesto distinto al que ocupaba con anterioridad.

La Guardia Civil considera que Cano se sirvió de su puesto en la Comunidad para otorgar contratos millonarios a Acadi, empresa de la que era propietario junto al ingeniero Domingo Peñalver. También fueron arrestados el alcalde de Librilla, José Martínez, del PP; su edil de Urbanismo, Pedro Martínez y el gerente de la empresa municipal del suelo, José Andrés Cortés.