La botica que se convirtió en el epicentro del fluir político y artístico de la ciudad de Cartagena corre el riesgo de morir en el olvido, o por la carcoma. Se trata de los muebles de la farmacia que había en la calle Mayor en el siglo XIX. Benito Pico construyó este negocio para su hijo en los terrenos en los que se encontraba el convento de Santo Domingo. El hijo de Benito, Eduardo Pico y Bres, se socializaba con los hombres que influían en la época, con los que solía establecer entretenidas tertulias políticas y culturales en su rebotica. Entre los asiduos a este espacio se encontraba el pintor Manuel Wssell de Guimbarda. Igualmente, de la farmacia salieron los componentes de la Junta Revolucionaria que ejerció la autoridad tras el triunfo de la Revolución de 1868, que acabó con el destronamiento y el exilio de Isabel II y la instauración de una monarquía constitucional.

Para evitar que el mobiliario de la farmacia se pierda, MC Cartagena requerirá el lunes en el próximo pleno municipal que el Gobierno local adquiera, custodie y exponga los muebles, que pertenecen a la familia Peña Ros. La propuesta será presentada por el concejal Ricardo Segado, quien asegura que con esta medida «pretendemos que este patrimonio se quede en Cartagena, ya que otras entidades como la Universidad de Murcia han mostrado su interés en adquirirlo». En este sentido, el edil de la oposición indica que «solicitamos al Gobierno que se reúna de manera urgente con la familia Peña Ros para alcanzar un acuerdo de donación». Según MC, el pasado año 2017, la familia Peña Ros trasfirió la propiedad de la farmacia, que actualmente se encuentra frente a Los Juncos, en la avenida Reina Victoria, y que conserva, a día de hoy, el mobiliario de la época en su trastienda, esperando a poder ser expuesto para el disfrute de todos los cartageneros y turistas.

La familia Peña Ros solicitó por escrito el 27 de diciembre, mediante una petición de cesión de este patrimonio, tasado en 250.000 euros, que el Ayuntamiento de Cartagena se comprometiera a custodiar y recibir el mobiliario a través de una donación para exhibirlo de forma permanente en un espacio municipal. El 8 de febrero, el servicio municipal de Patrimonio les informó que el Ayuntamiento no tenía obligación alguna de aceptar dichos muebles.