Diez días. Es el plazo que el Ayuntamiento ha dado a la empresa concesionaria del servicio de aguas de Cartagena, Hidrogea, para que presente alegaciones a la decisión tomada ayer por la Junta de Gobierno local, que rechazó la propuesta de la compañía sobre las tarifas de los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y acometidas y contadores para este año. Asimismo, la concesionaria también podrá analizar el plan municipal para rebajar el agua un 12%, ya que el Ayuntamiento remitirá el estudio de los técnicos municipales a la empresa, «en los próximos días», tal y como aseguró el alcalde José López.

Y es que, como ya informó LA OPINIÓN hace dos semanas, los técnicos municipales han encontrado un desfase presupuestario -cifrado en seis millones de euros- entre la oferta de Hidrogea y la elaborada por los especialistas del Consistorio, al incluir partidas que el Gobierno no reconoce o entiende que no corresponden, por lo que la Junta rechazó la propuesta.

No obstante, el órgano municipal tuvo que dar marcha atrás en su intención de iniciar el procedimiento para aprobar el estudio de costes elaborado por los técnicos municipales y el importe de las tarifas a abonar por los usuarios, para esperar la respuesta de la concesionaria. De esta forma, transcurridos los diez días de plazo para alegaciones, el Gobierno municipal deberá determinar la desestimación final de la propuesta de Hidrogea e iniciar un procedimiento administrativo para dar por válido el estudio de costes de los técnicos municipales, que cuenta «con más de 600 folios, cuando con otros Gobiernos sólo ocupaba uno», dijo López.

Un estudio que, según revelaron fuentes municipales, cuenta con informes positivos de Infraestructuras y de la Intervención, pero no de los servicios jurídicos ni del departamento económico porque «los técnicos no se fían de firmarlo. Tienen pavor a que luego surjan problemas con la concesionaria», indicaron.

Sobre el procedimiento, López señaló que, una vez resueltas las alegaciones, la propuesta de los técnicos deberá llegar a la Comunidad Autónoma, que tendrá que resolver. «Deben validarlos porque no hay números equivocados. Todo se ha hecho con un trabajo concienzudo y con la certeza de que es el Ayuntamiento quien establece las tarifas que se tienen que aplicar», dijo López.