La investigación sobre los residuos tóxicos hallados por la Guardia Civil en junio del año pasado en las instalaciones de Befesa, en el valle de Escombreras, continua mientras sigue el cierre cautelar de la empresa ordenado por la consejería de Medio Ambiente en septiembre para esclarecer los hechos. Ahora, el departamento regional deberá dar el visto bueno al plan de catas que ha entregado la compañía para facilitar el reconocimiento geotécnico de los terrenos.
Se trata de la actuación más inminente sobre las instalaciones de la sociedad gestora de residuos tóxicos y contará con técnicos de Medio Ambiente que supervisarán los trabajos, indicaron fuentes del Gobierno regional. Unas catas que se deben centrar «en aquellas zonas donde la magnetometría -prospecciones sin necesidad de excavar- llevada a cabo con anterioridad apunta a posibles enterramientos». Y es que, el inicio de las investigaciones arranca cuando la Guardia Civil investiga el presunto enterramiento de mil toneladas de residuos en las instalaciones de la empresa en Escombreras, tras la aparición de tres bidones de sustancias tóxicas al remover el terreno.
Sin fecha concreta
Pese a que la empresa ya ha enviado el plan de actuación para hacer las catas necesarias para esclarecer los hechos, aún se desconoce cuándo comenzarán, ya que la Consejería tiene que dar el visto bueno, indicaron fuentes de la compañía, que aseguraron que el proyecto ya se ha enviado a Medio Ambiente. Los trabajo buscarán «caracterizar los posibles residuos existentes en la zona», señalaron desde la dirección general de Calidad Ambiental, para concretar su existencia o no.
Por parte de Befesa siempre se ha defendido que en ningún momento se cometió un delito medioambiental, como denuncia la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) e investigan los tribunales y el Gobierno regional. La empresa sí que reconoció la aparición de tres bidones con residuos tóxicos, encontrados por la Guardia Civil en el inicio de la operación. Según fuentes cercanas a la investigación, la procedencia de aquellos barriles podría deberse a la mala praxis de una trabajadora anterior de la compañía, que habría obtenido beneficios con la gestión ilícita de los residuos sin conocimiento de la propia empresa.
La sociedad también señaló que contaba con las facturas de la gestión final de los 4.000 barriles de residuos (las mil toneladas referidas) que la Guardia Civil cree que pudo enterrar en sus instalaciones de Escombreras.
De hecho, el secretario del sector de Energía de UGT, Juan Manuel Gutiérrez, afirmó entonces que había podido ver dichas facturas, «por lo que las acusaciones no tienen fundamento, ya que esas facturas son como el DNI de los residuos», explicó, aunque matizó que «si hay una mala gestión de uno o dos barriles, creo que se debe sancionar a la empresa, pero no proceder a su cierre».
Así, la situación de la compañía queda en espera a la decisión de la Consejería, aunque desde la propia sociedad mostraron su confianza en que las nuevas excavaciones aclaren que no se cometió ningún delito y que, tras las comprobaciones pertinentes, el vertedero pueda volver a su plan de trabajo habitual en sus instalaciones de Escombreras.
