Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cartagena a dos personas por presentar denuncias falsas con un documento administrativo que servía de base para la reclamación fraudulenta ante compañías de seguros, por lo que se les acusa de simulación de delito y estafa.
La simulación de delitos está contemplada en el Código Penal español como un delito contra la Administración de Justicia, cuya comisión conlleva pena de multa de seis a doce meses, junto con la generación de antecedentes penales.
En muchas ocasiones, estas simulaciones tienen como objetivo la reclamación ante compañías de seguros, acción esta también delictiva, si bien en este segundo acto, la figura penal aplicable sería la de la falta o delito de estafa, dependiendo del importe defraudado.
La casuística es diversa, aunque en la mayoría de los casos consiste en denunciar un robo violento donde hubo un hurto o un simple extravío de efectos.
De este modo, se han esclarecido los inexistentes robos de un teléfono móvil sustraído mediante un tirón violento, cuando en realidad el denunciante quiso ocultar que su terminal fue arrebatado al descuido del lugar donde lo dejó olvidado pretendiendo posteriormente cobrar de la compañía aseguradora el importe total de la factura del teléfono o la simulación por parte de otro ciudadano que denuncia la sustracción de su vehículo, cuando lo realmente sucedido fue que ese automóvil se hallaba embargado y este individuo se lo vende a unos ciudadanos extranjeros sin informarle del gravamen mercantil que poseía y de esta forma evitar su entrega a la entidad bancaria.
Este tipo de denuncias fraudulentas suponen una distracción de efectivos policiales, que han de dedicarse a investigar supuestos robos violentos u otro tipo de infracciones, generalmente graves, que nunca tuvieron lugar, además de una estafa a las compañías aseguradoras. Una vez remitidos los atestados a la autoridad judicial pueden conllevar la práctica de otras diligencias igualmente inútiles por la falta de veracidad de los hechos.
Es por este motivo por lo que se considera que estas actuaciones atentan contra el correcto uso y funcionamiento de los mecanismos que la administración de justicia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad ponen a disposición de los ciudadanos.
