Se defiende la exconsejera con que la riada se desencadenó con una rapidez imparable. Esto es, dice que no se podía parar. Y se revuelve contra su imputación como principal responsable. Apunta al Gobierno central, en concreto a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé. "No es verdad que existiera un 'mando único' existía un comité dual de dirección, con la delegada del Gobierno", dice. Señala también como responsables a la AEMET y la Confederación del Júcar y sentencia que las lluvias no fueron tan causantes de la tragedia como las obras de encauzamiento de los ríos no ejecutadas por el gobierno autonómico anterior, el de Ximo Puig. Redactan sus abogados que es inadmisible que ella sea cabeza de turco, que es disparatado acusarla, y que hay que dirigir el tiro. Todo esto es textual, fuera de la vía penal. "Un técnico nos informa de que existe Es Alert. Trata de quitar relevancia al retraso del aviso masivo a la población, que no está en nuestros planes autonómicos. Y una alerta que llega tarde". Precisamente que la alerta tardía fue uno de los factores que disparó la tragedia ha sido una de las conclusiones expuestas por dos ingenieros hidráulicos en el Senado. "200 muertos yo no lo esperaba y más una falta de conocimiento de lo que hay que hacer", explica uno de ellos. A esta comisión de la Dana en la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, han sido llamados medio centenar de comparecientes. La gran mayoría, miembros del Gobierno central: el presidente Sánchez y siete ministros. Del autonómico: Carlos Mazón, pero no la imputada Salomé Pradas.