Apesar de que en estos días se están realizando numerosas manifestaciones a favor de la gestión pública de la Sanidad, en un ambiente muy politizado, me atrevo a solicitar una reflexión para que el lector saque sus conclusiones después de conocer más de cerca esta problemática.

Todos estamos de acuerdo en que la atención a nuestra salud sea una de las exigencias que han de estar dentro de ese concepto, tan aireado en la actualidad, denominado Estado del Bienestar. También hay unanimidad en que la Sanidad sea sufragada fundamentalmente a través de los presupuestos generales del Estado, pues así su abono es más justo y equitativo, dado que dichos presupuestos se originan por las aportaciones que todos hacemos a través de los impuestos, ya que así los más pudientes aportan más, a pesar de que se mantengan aún aportaciones individuales en nuestras nóminas, pero ya menos significativas.

Ahora bien, el dilema está en si la gestión de esta Sanidad pública, que nos debe dar cobertura a todos y de forma gratuita, ha de ser realizada siempre de manera directa y en exclusiva por el Estado, o también es lógico que parte de esta asistencia sea facilitada a través de una gestión privada controlada y tutelada oficialmente por el propio Estado, sin que con ello deje de ser una sanidad tan oficial como la anterior, máxime si el costo para la nación es menor, si además se facilitan las mismas prestaciones, y a veces hasta de forma más adecuada; y lo que es más importante, si los usuarios la eligen mayoritariamente y de forma reiterada. Me estoy refiriendo a la gestión sanitaria denominada Modelo Muface, que engloba también a otras dos mutualidades nacionales: Isfas (personal de las Fuerzas armadas) y Mujegu (personal judicial) y que en conjunto agrupan actualmente a más de tres millones de personas, que desde hace mas de 30 años eligen anualmente su asistencia sanitaria. Se da la paradoja de que estas personas eligen mayoritariamente a las compañías, pues sólo un 15% recibe asistencia en la pública.

Como esta prestación asistencial se abona por unas primas mensuales por asegurado, que son casi un 30% más bajas que las que en la Sanidad pública, el costo para el Estado es mucho más bajo. Y hay que añadir además que proporcionalmente se provoca un menor gasto farmacéutico al existir dentro de nuestro sistema una mayor confianza entre paciente y facultativo. Creo que se trata de una experiencia ya prolongada en el tiempo, con implantación nacional, y con una muestra representativa y suficiente para que se considere en su justa medida y no se ignore ni se infravalore esta fórmula de colaboración público-privada, circunstancia que desgraciadamente viene sucediendo, y más aún cuando el tema sanitario se politiza como ahora.

Otro modelo de colaboración público-privada son los 5 hospitales de la Comunidad Valenciana que se vienen gestionando con el llamado Modelo Alzira y que están en Alzira, Torrevieja, Crevillente, Manises y Denia. Su peculiar gestión es la siguiente: el Ayuntamiento cede el terreno donde se edificará el hospital y después una unión temporal de empresas privadas, en las que ha de existir una entidad asistencial, edifican y después dotan al nuevo hospital que se proyecta según normas de la Consejería, tanto en la equipación técnica como en personal, sin costo alguno para ella. Luego se asigna la población existente en la zona y en base a ella se abona una cuota mensual a los gestores del nuevo hospital. Cuota que se calcula con una rebaja del 20% sobre el costo medio que se ocasiona en la gestión pública. Después, a los 20-25 años, la propiedad y la gestión del hospital revierten en la Comunidad Autónoma. La actividad de estos hospitales antes citados está gestionada por Adeslas, Asisa, Sanitas y DKV y su calificación es muy satisfactoria según los usuarios, además de haber recibido muchos premios y ser motivo de frecuentes visitas extranjeras para estudiar su gestión.

Finalmente he de referirme a la ayuda que las compañías de seguros médicos prestan al sistema público. Me refiero a los casi 7 millones de personas que, en la mayoría de los casos, ya tienen previamente derecho a la Sanidad pública y en forma colectiva, familiar o individual contratan una póliza privada. Por ello voluntariamente han de abonar una cuota mensual buscando una atención más cercana y ágil, con libertad de elección del facultativo y del centro hospitalario, tanto a nivel provincial como nacional, en donde casi no hay listas de espera y la atención hospitalaria se hace en habitación individual.

Pues bien, estas personas en su gran mayoría son atendidas por las compañías y con ello reducen la congestión de algunos servicios públicos, y lo que es más importante, dejan de ocasionar elevados gastos a la Sanidad pública, que sigue recibiendo vía estatal las mismas cuotas que por los demás asegurados, carentes de este doble cauce asistencial, circunstancia ésta que según voces acreditadas supone un ahorro de más 600 millones a nivel nacional. De aquí que hace años existiera una deducción fiscal del 15% de costo total para los contratantes de estas pólizas, circunstancia que ahora está sólo limitada a cuando la contratación la realiza y la paga la empresa del trabajador que se beneficia de esta contratación privada, aunque ya hay Comunidades que para no perder el ahorro en gasto han vuelto a autorizar esta ventaja fiscal, pero sólo para aquellos asegurados cuyos ingresos económicos anuales no sean muy elevados. Detalle éste que desearíamos se hiciera también en nuestra Región.

Por todo ello solicitamos a los implicados en la gestión sanitaria que tengan en cuenta y estudien esta modalidad asistencial, pues si nadie se escandaliza cuando una carretera la planifica y presupuesta el Estado, y luego bajo su tutela y control la realiza una empresa especializada, tampoco debemos de tildar intencionadamente de ´privatización de la Sanidad´ la gestión de parcelas sanitarias integradas dentro del amplio concepto de la Sanidad pública, llevada a cabo por medios no públicos pero totalmente controlada por el Estado.

Las compañías de asistencia sanitaria sólo pretendemos ser un complemento de la Sanidad pública porque creemos que estamos en condiciones de participar en parcelas de gestión debidamente planificadas y tuteladas por el Estado con las exigencias necesarias para que se facilite una responsable atención sanitaria. Y mas aún cuando, como sucede con Asisa, entidad que no tiene una finalidad lucrativa, pues al ser una macrocooperativa médica todos sus posibles beneficios se revierten en los honorarios de sus profesionales y en inversiones en servicios asistenciales, fundamentalmente en adquirir y gestionar clínicas privadas, siendo ya 14 las que componen la red hospitalaria propia de nuestra entidad, dos de ellas en nuestra Región, donde dentro de pocos meses se reinaugurará el Nuevo Hospital La Vega, con instalaciones y servicios que lo incluyen entre los 10 mejores centros privados de toda España.