Siempre se ha dicho que la ley suele ir por detrás de la sociedad. En realidad, es normal que así sea. El ser humano va modificando sus costumbres y la legislación debe ir posteriormente estableciendo los parámetros que sustentarán éstas.

Por eso, que por primera vez en la historia de España se haya reconocido que un ecosistema medioambiental tenga personalidad jurídica propia, es decir, que tenga capacidad jurídica para obrar, lo que a su vez le permite contraer obligaciones y tener derechos, no es poca cosa, al contrario, es muy importante. Se trata de un cambio fundamental en la forma de concebir los distintos parajes naturales, tengan la calificación que éstos tengan.

Ese cambio se ha conseguido gracias a la aprobación de la Ley 19/2022, de 30 de septiembre, que reconoce la personalidad jurídica a la siempre maltrecha laguna del Mar Menor y a toda su cuenca.

Evidentemente, como no podía ser de otra forma, el cambio ha sido recibido muy positivamente por aquellos que defienden la laguna. De hecho, nunca antes se había otorgado esa calificación a un entorno natural. Esto conllevará, entre otras cuestiones, que el Mar Menor ya no tendrá que pedir tutela ni permiso a nadie para reclamar sus derechos. Sólo deberá contar con un órgano jurídico propio que le represente para ello.

No resulta difícil ahora imaginar las tensiones y problemas que en la confección del mismo habrá.

En cualquier caso, lo importante es celebrar todo lo logrado que, en definitiva, no es sino la consecuencia de un cambio social que se está experimentando en el mundo actual y que, en parte, se debe a la frenética labor que al respecto está desarrollando en los últimos años la ONU. Conceptos como la huella de carbono o el cambio climático ya no están restringidos sólo al lenguaje de los expertos o ecólogos, sino que ya forma parte del de todas aquellas personas que están preocupadas por la supervivencia del planeta y reclaman soluciones que lo protejan.