Algunas comunidades autónomas incluyen en sus normativas sobre protección animal, implícita o explícitamente, la prohibición de que cualquier persona que encuentre un animal abandonado o perdido en la vía pública pueda rescatarlo y acogerlo.

Lo anterior no deja de ser un disparate en aquellos municipios que carecen de un servicio de recogida de animales abandonados durante las 24 horas del día todos los días del año. En esos casos, en aras al bienestar animal, cualquier persona debería poder acogerlos, porque no es de recibo que el animal se quede en la calle esperando una ayuda que no llega. No obstante y pese a lo anterior, sí debería dar aviso de dicho hallazgo y rescate a las autoridades municipales. Sobre todo, con el fin de activar un protocolo de búsqueda de su familia humana, por si no hubiera sido abandonados y se tratara de un extravío.

Sin embargo, distinta cosa sería en aquellos municipios que sí poseen un amplio y completo servicio de recogida de animales abandonados de la vía pública. Hay que pensar que, en esos casos, si un particular recoge a un animal de la calle y se lo lleva a su casa, puede dificultar mucho la posibilidad de encontrar a sus dueños, sobre todo, si no fuera abandonado y tan solo se hubiera escapado o perdido. He conocido a personas que han parado en una gasolinera, por ejemplo, de Madrid, y que han recogido allí a un perro perdido que han encontrado y que, como les daba pena, se lo han llevado a su lugar de destino, a menudo a centenares de kilómetros de allí. En esos casos, la posibilidad de un reencuentro con su familia, si el animal ha sido extraviado, se anula.

En mi opinión, para realizar una buena gestión y protección de los animales abandonados, el rescate de los mismos debe estar garantizado y organizado claramente, y no solo como una forma de control, sino, sobre todo, de protección.