Los datos oficiales dicen que medio millón de perros y gatos son abandonados cada año en España. En realidad, es una cifra tan escandalosa como irreal porque, en la práctica, nadie sabe cuántos animales son los que realmente son abandonados en nuestro país.

El número real permanece oculto entre aquellos animales que acaban siendo adoptados por los mismos que se los encuentran, acogidos por centros particulares cuyos datos no se conocen o, en el peor de los casos, atropellados y contabilizados como desechos o basura recogida de la calzada.

Tampoco salen reflejados en esas estadísticas todos los burros, ponys y caballos que continuamente aparecen en la vía pública, sin que se tenga noticia alguna de sus propietarios. Nadie se acuerda de ellos cuando se realizan los estudios y estadísticas pertinentes, aunque ellos también son animales abandonados. Lo curioso es que, mientras tanto, Europa no para de aprobar normas y más normas para regular cualquier aspecto relacionado con los mismos. Controla cualquier movimiento de éstos y, aunque podría parecer que eso los protege, en la práctica, lleva meses estrangulando la posibilidad de hacerlo.

No permiten a nadie, por ejemplo, por mucha licencia que tenga para tener caballos, acoger en sus instalaciones a uno que pueda encontrarse, si, previamente, no pasa por un centro oficial de recogida de animales abandonados. La norma no estaría mal si hubiera muchos centros de ese tipo en España, pero pueden contarse con los dedos de una mano los existentes.

En los próximos meses, recuerden mis palabras, muchos equinos acabarán por este motivo sus vidas en el matadero del que, por cierto, tampoco será posible rescatarlos debido a la normativa referida anteriormente. Se trata de una aberración que sólo se explica cuando el que legisla lo hace desde el sillón de un gran despacho en Bruselas sin saber que, en el tema de los caballos, España sigue siendo de alpargata y silla de playa.