En los años noventa España se llenó de perros de razas prácticamente desconocidas en nuestro país. Las tiendas de animales, las revistas de anuncios y un buen número de criadores comenzaron a ofertar pit bulls, american stafford, rottweilers o bulterriers, entre otros.

El asunto pronto empezó a ser preocupante. No por el hecho de las razas en sí, sino porque algunas personas problemáticas, de escasa o nula responsabilidad, comenzaron a inclinarse por las mismas.

Si lo recuerdan, por aquella época no era difícil ver a más de uno de ellos, sobre todo a los más jóvenes, ir a toda velocidad en su scooter llevando a su perro suelto haciendo equilibrios para no caerse de la misma. Sin embargo, eso no fue lo peor. Lo más grave es que no tardaron en producirse las primeras agresiones con resultados mortales. Era normal. Fíjense solo en un detalle. Desde el principio, muchos intentaron dotar de un aspecto más agresivo a las razas cortándole las orejas y poniéndoles collares metálicos repletos de púas. Lo peor es que a eso solía unirse una nula educación, una mala socialización y el mantenimiento de los mismos en condiciones que sólo propiciaban su desequilibrio. Evidentemente, todo ello se convirtió en una combinación explosiva que finalmente estalló.

Las agresiones comenzaron a sucederse. Recuerdo que, por aquel entonces, participé en muchos programas explicando que el peligroso no era el perro sino el dueño. Especialmente difícil me resultó una entrevista que me realizó Ana Rosa Quintana en su programa, no por sus preguntas, sino porque junto a mí se sentó la madre de un niño que, solo unas semanas antes, había muerto por el ataque de uno de éstos en Mallorca. Terrible.

El caso es que en ese contexto fue en el que nació la ley 50/1999 sobre PPP. Imagínense. Afortunadamente, el texto de la nueva ley supera estigmas e injusticias y los perros dejarán de ser calificados por sus razas y lo serán por sus conductas. En cualquier caso, la agresividad del perro dependerá siempre de la peligrosidad del dueño y no estaría mal que, en realidad, fuera a este a quien calificara la nueva ley.