A lo largo de las últimas décadas los métodos de pago han experimentado una transformación significativa. El uso de las tarjetas de crédito, los pagos digitales a través de teléfonos móviles y relojes inteligentes han venido ganando terreno a pasos agigantados, desplazando al tradicional pago en metálico.

Esta evolución no solo ha traído consigo una mayor comodidad y rapidez en las transacciones sino también un incremento en la seguridad. Con estas nuevas tecnologías, los pagos son más rastreables, lo que ha supuesto un avance en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

La Agencia Tributaria ha decidido en este contexto imponer restricciones mucho más estrictas a los pagos en efectivo. El objetivo de estas nuevas medidas es reducir el uso de dinero físico en operaciones comerciales y financieras, especialmente para evitar delitos como el blanqueo de capitales y el fraude fiscal.

Según las nuevas normativas, se establece un límite claro sobre cuánto se puede pagar en efectivo en transacciones entre particulares o empresas.

Nuevos límites a los pagos en efectivo

A partir de ahora, los pagos en efectivo solo podrán realizarse dentro de ciertos límites, y los que superen esas cantidades estarán prohibidos. En concreto la Ley 7/2012 establece que no se pueden realizar pagos en efectivo superiores a 1.000 euros si las partes involucradas son empresarios o profesionales. Este límite también se aplica si alguna de las partes tiene la condición de empresa, independientemente de si el pago es para productos o servicios. Sin embargo, este límite se eleva hasta los 10.000 euros cuando el pagador es una persona física que no reside en España y no actúa como profesional.

El aspecto más interesante de esta normativa es que no solo se restringe el uso de billetes y monedas, sino también el de otros instrumentos que funcionan como medios de pago directo, como los cheques bancarios al portador o cualquier otro medio físico o electrónico diseñado para funcionar de manera similar. Incluso los pagos realizados por aplicaciones de pago móvil, como Bizum o PayPal, quedarían fuera de estas limitaciones si superan los umbrales establecidos.

La Agencia Tributaria también ha querido garantizar la trazabilidad de las operaciones. Por ello, se ha impuesto a las partes implicadas en transacciones que superen estos límites la obligación de conservar los justificantes durante cinco años. Estos documentos deben ser presentados ante Hacienda para demostrar que los pagos se han realizado de acuerdo con la ley.

Las sanciones por no cumplir con esta normativa son severas. Si alguna persona supera el límite establecido y no lo declara correctamente, puede enfrentarse a una multa de hasta el 25% del importe total pagado en efectivo. Esta infracción se considera grave, y tanto el pagador como el receptor pueden ser considerados responsables solidarios de la multa, lo que significa que Hacienda podría imponer la sanción a cualquiera de las partes involucradas en la transacción.

Además Hacienda ha dejado claro que si alguien detecta que se ha violado esta norma, puede denunciarlo dentro de un plazo de tres meses desde la fecha de la transacción. Esta medida busca garantizar que los ciudadanos puedan contribuir al control fiscal, y lo que es más importante, que no haya impunidad en las prácticas fraudulentas.