Una nueva forma de ciencia ciudadana se implanta en la sociedad, inoculando criterios científicos en las instituciones para que gestionen mejor los problemas globales, particularmente la crisis climática y las pandemias.
Una nueva forma de ciencia ciudadana está forjándose en la sociedad, formulando propuestas diversas basadas en la ciencia para que las instituciones salgan de su letargo y actúen responsablemente ante los grandes problemas de nuestra época.
La ciencia ciudadana puede describirse como la participación ciudadana en la investigación científica. También como "el desarrollo de conceptos de ciudadanía científica que destaca la necesidad de abrir al público la ciencia y los procesos de política científica", según el sociólogo británico Alan Irwin.
La actividad de la ciencia ciudadana se ha centrado, históricamente, en la investigación sobre biología, astronomía o búsqueda de vida extraterrestre (proyecto SETI), entre otros muchos campos de conocimiento.
Este recurso social, con un gran potencial, se usa principalmente para recopilar y clasificar datos, pero desde 2001 se está desenvolviendo en la sociedad una forma inesperada de ciencia ciudadana que trasciende los límites históricos de esta fórmula.
Dimensión social de la ciencia
Esta nueva forma de ciencia ciudadana, que recoge algunos de los aspectos de la experiencia histórica de este movimiento, aborda una de sus derivadas esenciales: la dimensión social que acarrean los descubrimientos científicos.
La comunidad científica ha salido de la torre de cristal donde desarrolla su labor porque ha comprendido que el conocimiento no puede seguir avanzando si no se resuelve antes un problema tangencial de la ciencia: la gestión de los problemas comunes, que por lo general es ajena a los criterios científicos, cuando no contraria.
El cambio climático, o la gestión de las pandemias, son ejemplos claros de esta incompetencia institucional que el sociólogo norteamericano Daniel Bell, fallecido en 2011, ya había anticipado en 1987: "el Estado es demasiado pequeño para atender a los grandes problemas del mundo actual, y demasiado grande para afrontar los pequeños problemas cotidianos del ciudadano”.
Esta incompetencia institucional se ha puesto de manifiesto cada vez con mayor claridad a medida que los problemas comunes mal gestionados han acarreado consecuencias dramáticas, como migraciones masivas, desastres naturales en aumento, amenazas a la biodiversidad, e incluso la posibilidad de una extinción masiva que amenaza también a la especie humana.
Científicos en la calle
La reacción ante esta incompetencia no se ha hecho esperar y los científicos han salido a la calle no solo para denunciar la irresponsabilidad de muchas decisiones políticas, sino también para impulsar la implicación ciudadana en la gestión de los problemas comunes que amenazan la supervivencia de nuestra especie.
Fruto de esta reacción científica es el movimiento social que se originó hace más de veinte años en la Asamblea Mundial Ciudadana y que en la actualidad se ha convertido en Asambleas Ciudadanas, una iniciativa global que promueve la participación de personas elegidas aleatoriamente en la reflexión sobre los problemas comunes y en la propuesta de soluciones que puedan ser asumidas por las instituciones.
Estas asambleas se han estado organizando desde los años ochenta y han tomado un impulso considerable desde 2010, según informa NOEMA, la revista del Instituto Berggruen, en un artículo firmado por Claudia Chwalisz, directora del proyecto de la OCDE sobre participación ciudadana innovadora y el futuro de la democracia.
Durante las últimas cuatro décadas, cuenta Chwalisz, cientos de miles de personas en todo el mundo han recibido invitaciones de jefes de Estado, ministros, alcaldes y otras autoridades públicas, para formar parte de más de 500 asambleas de ciudadanos para proponer nuevas ideas a la gestión política.
Añade que la gente corriente ha dado forma a decisiones importantes sobre planes estratégicos por valor de 5 mil millones de dólares, a estrategias de inversión en infraestructura durante 30 años, sobre cómo abordar el discurso de odio y el acoso cibernético, tomar medidas preventivas contra el aumento de los riesgos de inundación, mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre muchos otros temas.
Criterios científicos
Una de las características de las asambleas ciudadanas, a diferencia de lo que ocurre en las instituciones que gestionan los problemas comunes, es que fundamentan sus reflexiones y propuestas en criterios científicos, que se aplican mediante estrictos protocolos de funcionamiento.
Cuentan para ello con el apoyo e inspiración de destacadas figuras de la comunidad científica global, como Peter Kalmus, científico del clima en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, o Mike Lynch-White, doctorando en Física Teórica y uno de los fundadores del movimiento Scientist Rebellion.
Estas asambleas se guían, entre otros, por los criterios que fija el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que no solo denuncia la urgencia de decisiones políticas que se retrasan irresponsablemente, sino que también reclama una verdadera participación ciudadana en la gestión de los problemas comunes.
Algunos científicos del IPCC han denunciado que sus informes son censurados por las instituciones políticas del sistema de Naciones Unidas para suavizar sus advertencias, y piden que los ciudadanos participen de manera concluyente en las decisiones políticas que toman los gobiernos en la gestión del clima y sus derivadas.
Implicación ciudadana
Estos científicos consideran que, para alcanzar la necesaria transformación del modelo socioeconómico que causa la crisis global, los gobiernos deben integrar como objetivos vinculantes las resoluciones de una Asamblea ciudadana por el clima, basadas en la información científica contrastada e independiente del IPCC.
Las asambleas ciudadanas se han convertido así en herramientas de participación ciudadana que inoculan los criterios científicos en las instituciones y han funcionado relativamente bien en países como Suecia, Francia, Reino Unido o Escocia, para buscar soluciones a la crisis climática.
Desde noviembre de 2021, las asambleas ciudadanas se han desarrollado también en España, con la finalidad de articular soluciones a las grandes transformaciones necesarias para alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050 y para hacer de España un país más resiliente a los impactos del cambio climático.
La Asamblea Ciudadana para el Clima en España cuenta con un órgano supervisor formado por miembros del Basque Center for Climate Change (BC3), dirigido por una de los científicas más reconocidas en el campo del Cambio Climático, Maria José Sanz, y por la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS), la rama española del proyecto Sustainable Development Solutions Network (SDSN) de Naciones Unidas, con sede en la Universidad Autónoma de Madrid. Ambos grupos, junto a científicos consagrados como Fernando Valladares, asesoran a la asamblea ciudadana para el clima sobre el rigor científico necesario para que las propuestas, todavía no vinculantes, puedan ser consideradas por el Gobierno de España.
Perfil futuro
Sin embargo, Extinction Rebellion, uno de los grupos de científicos que demandaron al Gobierno la celebración de esta asamblea, ha denunciado que la iniciativa española no se está desarrollando de forma transparente y que no tiene la consistencia de otras asambleas europeas, como la de Francia, mejor considerada por el Gobierno de París, explica a Tendencias21 Alejandro Sacristán, miembro de Scientists Rebellion España.
La última sesión de la primera Asamblea Ciudadana para el Clima de España tuvo lugar la semana pasada en Madrid, en la que participaron un total de 94 personas (76 de forma presencial) seleccionadas aleatoriamente.
La asamblea aprobó 172 recomendaciones para lograr una España más justa y segura contra el cambio climático, y eligió a un grupo de 12 portavoces que presentarán las recomendaciones al Gobierno y al Congreso, aunque la desconfianza de estos ciudadanos hacia las instituciones sigue siendo manifiesta.
Esta forma "irreverente" de ciencia ciudadana prosigue su trayectoria, a pesar de las limitaciones. Claudia Chwalisz, desde su atalaya de la OCDE, tiene claro su perfil futuro: si bien las asambleas ciudadanas son en gran medida consultivas y complementarias de nuestras instituciones electorales existentes, no es imposible imaginar un futuro en el que los poderes vinculantes pasen a estas instituciones, o en el que quizás incluso reemplacen a los órganos de gobierno establecidos a largo plazo.
Prudencia científica
No obstante, algunos científicos españoles consultados por T21 contemplan esta versión nueva de ciencia ciudadana con ciertas reservas, porque en el pasado algunas iniciativas de este perfil no salieron del todo bien.
Añaden que parte de los problemas ambientales y de cambio global tienen su origen en malas decisiones históricas del movimiento ecologista, y citan como ejemplos la oposición a los cultivos transgénicos o a la energía nuclear, fruto de estrategias que estuvieron mal fundamentadas en evidencias científicas, según estos expertos.
