La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de súplica interpuesto por la defensa de César Román, alias el Rey del Cachopo, contra la prorroga de la prisión provisional hasta que haya sentencia firme después de ser condenado a quince años de cárcel por un delito de homicidio cometido en agosto de 2018 sobre su pareja Heidi Paz.

En un auto, al que ha tenido acceso EP, la Sala confirma la prórroga de la prisión ante el elevado riesgo de fuga que existe ante la conducta precedente de César Román tendente a ocultar su localización e identificación en alusión a su huida a Zaragoza tras cometer el crimen.

Román lleva en prisión desde noviembre de 2018 tras ser detenido en Zaragoza dos meses después del asesinato. La defensa del acusado se había opuesto a la prórroga de la prisión al cumplirse el máximo de plazo de prisión preventiva ante la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara la repetición del juicio tras recurrir la sentencia su letrada.

La condena se impuso después de que el jurado popular que enjuició los hechos le declarase culpable de la muerte de la joven hondureña de 25 años. Los miembros del jurado le declararon culpable también de un delito de profanación de cadáver, lo que no ha sido contemplado por el tribunal. Los magistrados consideraron que los hechos juzgados constituyen un delito de homicidio al haberse ocasionado con forma intencionada la muerte de la joven, a quien mató la madrugada del 5 de agosto de 2018 en el piso que había alquilado César poco antes en la calle López Grass del distrito de Vallecas.

La sentencia señaló que el descuartizamiento se produce para encubrir su propia conducta homicida, por lo que el delito de homicidio lo absorbe y lo tiene como agravante para la pena en su grado máximo.

El torso de Heidi Paz se halló en el interior de una maleta que se localizó el 13 de agosto de 2018 en la nave que César alquiló poco antes para ubicar su sexta sidrería. La principal prueba de cargo en el juicio fueron las huellas con AND del empresario localizadas en la maleta y en los botes de sosa cáustica empleados para rociar el cadáver.

El acusado defendió en la vista oral que la que fuera su pareja bien estaba viva en Honduras o bien habría acabado con ella una supuesta banda organizada de 'vuelcos' de drogas, una tesis negada por los investigadores del Grupo VI de Homicidios.

La sentencia considera probado que el crimen se cometió en la madrugada del 5 de agosto de 20018 después de que la chica acudiera al piso de César en Vallecas tras celebrar un cumpleaños con unos amigos.

Posponen la entrega del cuerpo de Heidi

Asimismo, la Audiencia Provincial de Madrid ha denegado la entrega del cuerpo de Heidi Paz a sus familiares porque "la prudencia exige posponer esta autorización" hasta que se resuelva el recurso interpuesto por la defensa del procesado contra su condena.

En un auto sobre los restos de Heidi Paz, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso Efe, la Sección 26 de la audiencia madrileña desestima el recurso de súplica que presentó la acusación particular ejercida por la familia contra la providencia de julio que se oponía a la entrega del cadáver, que continúa en el Instituto Anatómico Forense, para que pudiera ser repatriado y enterrado en su país de origen. En esa providencia se argumentaba que la sentencia que estimó que los restos eran de la joven hondureña Heidi Paz y condenó por su muerte a César Román a 15 años de prisión no era firme por el recurso de apelación interpuesto por la defensa del condenado.

Ahora la Audiencia Provincial reitera que "la prudencia exige posponer la autorización y ello porque la sentencia recaída en la instancia ha sido recurrida en apelación, instándose en el recurso su nulidad y la del juicio", siendo de esperar una "rápida resolución" en este sentido.

Para la letrada de César Román, Ana Isabel Peña, "no se ha podido dictar otra resolución que fuera en otro sentido, ya que se han vulnerado demasiados derechos fundamentales durante todo el proceso como para eliminar una prueba más para que sea examinada en una segunda instancia, en la que van a valorarse todas las violaciones de derechos y la ausencia de prudencia, rigor y diligencia en la instrucción". Subraya la letrada que "se expide un certificado de defunción con irregularidades", por lo que considera que se vuelven a vulnerar los derechos fundamentales del procesado.