La Fiscalía ya detecta en la Región de Murcia a maltratadores que usan a los animales como instrumento de violencia vicaria

El Ministerio Público ha detectado que en la Región de Murcia ya se han dado casos en los que un sujeto «ha utilizado la violencia contra el animal para causarle un mal a su exmujer en un proceso de separación o de divorcio», indica Miguel de Mata, fiscal responsable de Medio Ambiente y Urbanismo.

La violencia vicaria mediante animales de compañía se da cuando el maltratador ataca o lesiona a una mascota con el fin único de causar un grave sufrimiento psicológico a su pareja o expareja. En los episodios que se han dado en la Comunidad, en concreto, no se llegó a causar la muerte del animal.

«Son dos atestados de la Policía, me consta que ha habido al menos dos casos» de los que tenga conocimiento la Justicia, corrobora Miguel de Mata, que apunta que estos maltratadores se responderán tanto por violencia machista como por las lesiones que causaron a las mascotas.

El fiscal explica a este diario que en un 80% de los maltratos a animales en la Región las víctimas son perros. «Es el prototipo de maltrato típico, ya sea como cachorro o como adulto», detalla el representante del Ministerio Público, al tiempo que precisa que los agresores atizan a sus canes «con un arma, con un instrumento como un palo o un objeto contundente» y que hay salvajes que hasta los han arrastrado con el coche.

Muchos de estos perros afectados por algún tipo de maltrato animal son galgos u otros perros de caza, según las estadísticas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023, dejó fuera de su aplicación general a los canes empleados en actividades cinegéticas.

Se cuadriplican los escritos de acusación

Con los datos en la mano, en 2024 los juzgados de Lo Penal de la Región dictaron, por maltrato animal, 16 sentencias, 14 de ellas condenatorias, mientras que en 2025 fueron 6 las resoluciones, 5 de ellas condenatorias y una absolutoria, especifica De Mata. En concreto, en 2024 hubo 4 escritos de acusación, mientras que en 2025 fueron 16, esto es, se cuadriplicaron. Además, se pasó de 34 procedimientos judiciales (en 2024) a 47 (el año pasado).

Generalmente en estos casos «la autoría está plenamente determinada desde el inicio de las diligencias, ya sea porque lo hayan visto testigos o un veterinario o porque la Policía ha obrado, identificando al autor; cuando llegan al juzgado, son hechos bien instruidos», celebra el fiscal.

Los Cuerpos de Seguridad también han destapado casos en los que sujetos abandonan a su suerte a ovejas o caballos en explotaciones ganaderas o parcelas en las que «se les deja en un estado lamentable, sin comida, y les causan incluso la muerte».

Sobre los malos tratos a animales silvestres, como conejos o palomos, Miguel de Mata detalla que en la Región son «muy residuales» y que se da en «ambientes rurales» en los que «no hay posibilidad, muchas veces, de obtener autoría». Se van de rositas.

Faltan medios en el Seprona

Los delitos conocidos de maltrato animal están recogidos en el Código Penal en los artículos 340 bis y siguientes y castigan las lesiones que requieran asistencia veterinaria, muerte o abandono con peligro de muerte. «Fuera de estas, el resto de conductas de maltrato son castigadas mediante multas por las ordenanzas municipales de cada Ayuntamiento», precisa, por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región, Juan García Montalbán.

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El Seprona se compone de «un equipo por cada una de las seis compañías territoriales de la Guardia Civil y un equipo centralizado en la Comandancia», medios que resultan «totalmente insuficientes para investigar no solo este tipo de delitos, sino todos los delitos medioambientales», asevera García Montalbán. Urge aumentar la plantilla, insiste.

«Desde AUGC hemos detectado un aumento considerable de las llamadas de ciudadanos denunciando situaciones de maltrato animal, principalmente por abandonos en vehículos o viviendas propiciado por la creciente conciencia social», detalla, por lo que aconseja que «para no bloquear el importante trabajo del Seprona, es conveniente que ante la duda del alcance del maltrato se avise a la Policía Local y sea esta la que valore si supone un delito y el aviso a la Guardia Civil».

"Saber a quién avisar"

Miguel Alcaraz, responsable estatal de Policías Locales de Comisiones Obreras, resalta que «el incremento de los casos de maltrato y abandono animal suponen un reto para las Policías Locales, que, en muchas ocasiones, son el primer servicio público que interviene».

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Y es que el procedimiento no es precisamente sencillo, puesto que «los agentes deben garantizar la seguridad, proteger al animal, identificar a los responsables, recabar pruebas y realizar diligencias, además de coordinarse con veterinarios, servicios municipales, protectoras, juzgados y otros cuerpos policiales». Con este panorama, detalla el sindicalista, «desde Comisiones Obreras consideramos que para exigir una respuesta eficaz se debe dotar a las plantillas de formación específica, medios adecuados y protocolos claros de actuación ya sean municipales o autonómicos».

A este respecto, Miguel Alcaraz hace hincapié en que «es necesario que los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma apuesten por una formación periódica, incluyendo formación conjunta con profesionales veterinarios, así como por protocolos homogéneos que establezcan cómo actuar ante casos de maltrato y abandono».

En este sentido, remarca que «los policías realizan la primera intervención, pero no pueden asumir funciones que requieren conocimientos veterinarios especializados», a lo que añade que «por ello, debe existir una red de veterinarios de referencia que permita valorar el estado del animal, determinar las actuaciones necesarias y garantizar una correcta recogida y conservación de las pruebas por el bienestar animal».

Desde Comisiones Obreras, enfatiza Alcaraz, «reclamamos que esta coordinación no dependa de la iniciativa o los contactos de cada agente, sino que esté respaldada por recursos, procedimientos y protocolos operativos previamente establecidos».

«El policía debe saber a quién avisar, cómo actuar hasta la llegada del veterinario y dónde trasladar al animal», insiste, para subrayar que tener más medios daría lugar a intervenciones con «mayor seguridad para los agentes y una mejor protección de los animales y de la ciudadanía».